Santo Domingo. – Casi un año después de que varios proveedores acudieran a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) por supuestas irregularidades en el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), un reportaje de la periodista Nuria Piera vuelve a poner en entredicho las licitaciones del almuerzo escolar.
El foco está ahora en el proceso correspondiente a los años escolares 2026-2027 y 2027-2028 en San Pedro de Macorís, cuyo monto rebasa los RD$1,900 millones.
Diez meses entre el inicio y la adjudicación
Esa licitación arrancó el 24 de noviembre de 2025 y se adjudicó el 7 de agosto de 2026.
Los denunciantes, representados por el abogado Pedro Lara, aseguran haber detectado empresas que el propio comité de compras del INABIE descalificó en un inicio, pero que terminaron recibiendo contratos millonarios.
«Yo estoy plenamente seguro de que cuando esto estalle a la escala que puede estallar, esto va a ser peor que lo de Víctor Castro y va a ser peor que lo de Cecilio», advirtió Lara.
El jurista representa a 11 participantes que cuestionan cómo se desarrolló el proceso.
Las cifras del cuestionamiento
Según la documentación que presentaron, en esa provincia resultaron adjudicadas 51 empresas.
De ese total, 15 habían sido descalificadas por incumplir requisitos del pliego, pero luego recibieron contratos que en conjunto superan los RD$445 millones.
Los casos señalados
Uno de ellos es el de Manuel Emilio Mejía Molina, adjudicado con RD$31,361,168, pese a que, según los denunciantes, el informe de evaluación establecía que presentó documentación falsa.
«En el propio informe que dicta INABIE dice que esa persona presentó documentación falsa y, por ese hecho, según establece el pliego, inmediatamente queda descalificado, inhabilitado», sostuvo Lara.
Otro caso es el de Leidi Massiel Cabrera Heredia, con un contrato de RD$38,128,306. Los denunciantes alegan que durante las inspecciones ese establecimiento era un local vacío, sin identificación comercial ni campana de extracción.
«Nosotros suplimos unos videos que muestran que al momento de la supervisión y posterior, ese local estaba pintado de crema. Como ya nosotros habíamos hecho una denuncia, habilitaron el espacio y le cambiaron el color», afirmó el abogado.
En ese caso también apuntan hacia su padre, Francisco Alberto Cabrera Javier, conocido como «Don Lolo», de quien alegan vínculos con el actual director ejecutivo de la institución, Adolfo Pérez de León.
Esas afirmaciones forman parte de las denuncias de los afectados y no implican por sí mismas responsabilidad de los funcionarios o proveedores mencionados.
Los vínculos entre empresas
Otro punto que cuestionan es la aparente relación entre compañías que participaron de forma independiente.
Lara mencionó los nombres comerciales Azul Divino, Gilkiri, Bladjoe, Black Hill, Grupo Orsan y Suero Gourmet.
Como ejemplo citó a Gilberto Bolívar Ortiz Ortiz, quien figura como titular de Gilkiri, S.R.L., adjudicada con RD$34,997,811, y también aparece ligado a Azul Divino, que recibió RD$23,281,886.
«Ya estamos hablando de tres empresas. Entonces, ¿eso es coincidencia?», cuestionó.
Las conexiones políticas
Entre los adjudicatarios señalados figura Dignora Ortiz, de quien alegan vínculos con autoridades municipales de Hato Mayor y San Pedro de Macorís.
También cuestionan la adjudicación a CP & DC, propiedad de Héctor Luis Febles, conocido como «El Primo», esposo de la diputada Carolina Paula, conocida como «La Prima». Esa empresa recibió RD$28,155,710, pese a que el INABIE había señalado incumplimientos en el formulario de presentación de ofertas y en la declaración de conflicto de interés.
La lista incluye además a Helen Elizabeth MacCow, con RD$28,931,766, y a Nicole Elizabeth James Cotes, con RD$25,501,350.
Los que quedaron fuera
Mientras esas empresas obtenían contratos, otros proveedores con años de experiencia quedaron sin adjudicación.
Rafael Emilio Tejeda, con más de 12 años como suplidor, invirtió varios millones en equipos especializados y obtuvo 89 puntos en su propuesta.
«Yo quedé por encima de mucha gente que estuvo descalificada y la habilitaron. Yo no entiendo», expresó.
El proveedor calcula su inversión en equipamiento entre RD$4 y RD$5 millones, además de un préstamo hipotecario cercano a los RD$5 millones para adquirir el local.
«Yo soy papá y mamá, porque mi esposa falleció de cáncer. Tengo una hija que va para la universidad. Entonces, el director no da la cara», manifestó.
El caso de la distancia
Elena Rijo participó por primera vez con un restaurante que lleva más de 22 años operando. Alcanzó 89.25 puntos, pero no resultó seleccionada para una escuela cercana.
«Nosotros como empresa sacamos 89.25 y estamos de una escuela a 220 pies. Y le adjudicaron la escuela a una cocina que está a dos kilómetros y medio», cuestionó.
Los afectados también denuncian un cambio en la metodología para medir esas distancias. El pliego establecía el uso de Google Maps, pero durante el proceso ese criterio habría sido sustituido por otra aplicación.
«Cuando tú estás cerca del centro, eso permite que la comida llegue en condiciones favorables, caliente y en condiciones óptimas», explicó Lara.
El recurso y la respuesta institucional
Los proveedores depositaron un recurso de revisión administrativa ante el Comité de Compras y Contrataciones del INABIE, donde alegan un agravio a sus derechos y al principio de igualdad de trato.
Nuria Piera solicitó una entrevista al director ejecutivo de esa entidad a través de su Departamento de Relaciones Públicas, pero al cierre de esa información permanecía a la espera de respuesta.
Este jueves, el INABIE informó la suspensión de 14 proveedores por irregularidades detectadas en procesos de almuerzo y desayuno escolar en 12 localidades, entre ellas San Pedro de Macorís.
La institución también anunció nuevas inspecciones en esa demarcación. Entre los hallazgos reportados figuran cocinas desmanteladas o inexistentes en las direcciones declaradas, instalaciones en remodelación y cambios de domicilio sin autorización.
