Santo Domingo. – El Ministerio Público informó este martes que tiene lista la acusación y las pruebas para el juicio que se conocerá el próximo 15 de septiembre contra los integrantes de la red desmantelada mediante la Operación Gaviota.
Esa estructura movilizó más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones a través de un esquema piramidal que dejó más de 300 víctimas.
Quiénes representan al órgano acusador
Durante la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales litigantes Miguel Crucey, Yudelka Holguín y Alexis Piña.
Ellos comunicaron al Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keyla Pérez, que están preparados para el conocimiento del proceso penal.
Los acusados
Entre los señalados como cabecillas figuran Rafael Martínez Batista y su pareja, Eridania García Veloz de Martínez.
La lista incluye además a Edgar Antonio García Binet, Jesús Manuel de la Cruz Paché, Reynaldo Castillo Garrido, Ana Francisca Martínez Batista, Héctor Aníbal Santillán Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio y Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
También fueron enviados a juicio O’neill Alberto Nivar Romero, William Félix Esquea D’Oleo, Roberto Evangelista Concepción, Rafael Martínez Colón, Lucía Martínez Colón, Rosangela Amador Núñez, Greer Antoni Carpio Paché, Anderson García Veloz, Emmanuel Nazaire, Isandry Alberto Rosario Victoriano, Daniel Cadet Gabriel, Manuel Arturo de la Cruz Paché y Claribel Martínez Vicente.
Las empresas que utilizaron
Para operar el esquema, los acusados se valieron de IXI Intermecom S.R.L., Guro Investments S.R.L., Yirewall S.R.L. y la Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopes).
A esa red se suman Investor Winner IW S.R.L., Antoni Carpio Pisos y Construcciones S.R.L., Vagary Consulting S.R.L., Inversiones Cataleya S.R.L. y Gratia Plena S.R.L.
El listado lo completan Ghanima Corporation S.R.L., Taufit Investments S.R.L., Jalizca Family Inmobiliaria S.R.L., Fundación Doña Francisca Martínez, Grupo Fasurielva S.R.L., Inmobiliaria Luz del Ángel S.R.L. y The Winner Academy & Trading Center.
El peso del expediente
El año pasado, el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, dictó el auto de apertura a juicio al considerar suficientes las más de 650 pruebas que sustentan el caso.
Ese acervo incluye 376 pruebas testimoniales, 19 peritajes financieros y de informática forense, 254 documentales y 29 materiales.
Cómo captaban a las víctimas
Los acusados obtuvieron fondos de 332 personas en distintas provincias. Muchas de ellas hipotecaron propiedades o comprometieron sus ahorros.
Según el expediente, reclutaban a los inversores y los convencían de que colocaban su dinero en operaciones legítimas. Para ello crearon empresas dedicadas a captar valores del público sin contar con los permisos ni registros ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.
Un esquema Ponzi
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público estableció que nunca existieron inversiones reales en los mercados internacionales.
Lo que operaba, según determinó, era un esquema Ponzi, en el que los pagos a los primeros inversionistas salían de los aportes que hacían los nuevos participantes.
