Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) le pidió al Congreso Nacional posponer la entrada en vigor del nuevo Código Penal. La entidad también solicitó ampliar el período de revisión de la Ley 74-25. A juicio del sector empresarial, la trascendencia de la reforma penal amerita un análisis más profundo.
El CONEP considera que ese tiempo adicional permitirá fortalecer la seguridad jurídica de la pieza. También ayudaría a corregir aspectos de técnica legislativa y a facilitar una implementación adecuada por parte de las instituciones encargadas de aplicarla.
La comunicación al Congreso
La posición institucional llegó a la comisión bicameral que estudia las modificaciones al nuevo Código Penal. El planteamiento se presentó mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El documento incluyó una matriz técnica con observaciones y propuestas de modificación.
El CONEP indicó que el trabajo recoge los aportes de organizaciones empresariales, empresas afiliadas, abogados y especialistas consultados durante el proceso de análisis de la legislación.
La comunicación fue firmada por Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, y César Dargam Espaillat, vicepresidente ejecutivo. En ella, la organización respaldó la modernización del régimen penal dominicano y reconoció la importancia de contar con un Código Penal actualizado.
Sin embargo, sostuvo que la magnitud de la reforma aconseja un plazo adicional antes de su aplicación. La meta sería revisar aspectos que podrían generar incertidumbre interpretativa o dificultades prácticas durante la ejecución.
Los temas de la matriz técnica
La matriz técnica presentada por el CONEP abarca varios ejes fundamentales. Entre esos figuran los principios generales del derecho penal, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas de cumplimiento normativo (compliance).
El documento también incluye observaciones sobre la certificación de esos programas, el tratamiento diferenciado para las micro, pequeñas y medianas empresas, la responsabilidad en grupos empresariales y la comisión por omisión.
En la comunicación remitida al Congreso, la entidad señala que la matriz incorpora otros planteamientos. Estos abarcan la libertad de expresión, la inteligencia artificial, los delitos económicos y otras disposiciones de la Ley 74-25.
Principio de legalidad y seguridad jurídica
Uno de los primeros aspectos que aborda la matriz técnica corresponde al principio de legalidad. El CONEP defiende que nadie puede ser sancionado por conductas no descritas previamente en la ley.
Sin embargo, considera que la prohibición absoluta de remitir a reglamentos o normas técnicas podría dificultar la aplicación de la legislación. Este obstáculo aplicaría especialmente en actividades sujetas a altos niveles de regulación especializada.
El CONEP explicó que sectores como el financiero, sanitario, ambiental, energético y tecnológico operan bajo marcos regulatorios complejos. Estos marcos evolucionan con rapidez y requieren remisiones limitadas a normas técnicas.
Para la organización empresarial, esas remisiones facilitarían la aplicación de la ley penal sin afectar el principio de legalidad. La condición sería que la propia ley describa suficientemente la conducta prohibida y establezca claramente la sanción.
La propuesta busca evitar que el Código Penal pierda capacidad de respuesta frente a actividades económicas altamente especializadas. Estas dependen de regulaciones técnicas que cambian con mayor rapidez que una ley.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Uno de los capítulos más extensos de la matriz corresponde al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se trata de una de las innovaciones incorporadas por la Ley 74-25.
El CONEP no cuestiona que las empresas puedan responder penalmente por determinados delitos. Al contrario, reconoce que esa tendencia forma parte de la evolución del derecho penal contemporáneo. Responde también a estándares internacionales dirigidos a combatir la corrupción, el lavado de activos y otros delitos económicos.
Las observaciones del sector empresarial se concentran en precisar los criterios bajo los cuales puede atribuirse esa responsabilidad.
Precisiones sobre la responsabilidad empresarial
La organización propone que el Código establezca expresamente cuándo debe responder una empresa. Solo tendría responsabilidad cuando la conducta delictiva se ejecute en su nombre, por su cuenta o en su beneficio directo o indirecto.
A juicio del CONEP, esa precisión evitaría un escenario injusto. Una persona jurídica podría terminar respondiendo por actuaciones realizadas exclusivamente para beneficio personal de un empleado, directivo o representante. En muchos casos, estas actuaciones incluso perjudican a la propia empresa.
El CONEP también plantea que la responsabilidad empresarial no derive automáticamente de la sola comisión del delito. Es decir, no bastaría con que un representante o subordinado cometa la infracción.
Para el gremio, el Ministerio Público debería acreditar además un incumplimiento relevante. Este incumplimiento tendría que estar relacionado con los deberes de organización, supervisión, vigilancia o control que correspondían a la empresa.
De esta manera, existiría una conexión real entre la conducta investigada y la actuación institucional de la organización. La propuesta procura que el régimen penal corporativo responda a criterios objetivos. La meta es evitar una forma de responsabilidad automática basada únicamente en la relación laboral entre el autor material del hecho y la empresa.
