Santo Domingo. – La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) expresó este jueves su preocupación por la modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), aprobada este miércoles por el Senado de la República.
El vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, cuestionó el proceso seguido por la cámara alta.
«El proyecto aprobado no ha sido el resultado de un diálogo participativo y plural, como se acostumbra en casos de proyectos de ley de tanta importancia como este. Nos sorprende aún más que no se haya convocado al Ministerio de Medio Ambiente ni al Fideicomiso DO Sostenible para conocer su parecer técnico respecto al tema», expresó.
El punto central del rechazo
Pujols aclaró que el sector industrial apoya la correcta gestión de residuos sólidos y reconoce la necesidad de fondos para lograrlo. Sin embargo, cuestionó la forma en que se aprobó la pieza.
«Lo que rechazamos, además de la manera acelerada e inconsulta en que fue aprobado este proyecto, es que se insista en el establecimiento de una contribución especial sin que medie un estudio técnico o un análisis de impacto regulatorio que justifique la magnitud de los incrementos propuestos», afirmó.
Próximos pasos en la Cámara de Diputados
El gremio anunció que estará dispuesto a compartir sus planteamientos con las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados, donde el proyecto seguirá su curso.
«Nuestra intención es que nuestros congresistas tengan los insumos necesarios para asegurar que esta política pública sea efectiva. Una ley ambiental que nace sin respaldo técnico está condenada a no lograr los objetivos que dice perseguir», concluyó Pujols.
El debate sobre la municipalidad
El representante empresarial reconoció los retos financieros de los gobiernos municipales, pero rechazó que estos sean asumidos desde una ley ambiental.
«El marco legal aplicable a los ayuntamientos dispone que estos deben recibir el 10% de los ingresos totales del Estado para el cumplimiento de sus funciones. Si esa transferencia no ocurre o es insuficiente, la solución está en corregir ese mecanismo, no en trasladar la carga a la contribución especial de una ley ambiental que tiene un objetivo distinto y específico», recalcó.
