Santo Domingo. – En medio del proceso judicial que enfrenta, el empresario José Gómez Canaán (Jochy) aseguró que el Estado dominicano mantiene una deuda superior a RD$800 millones con su empresa, vinculada al proyecto de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Durante su intervención ante el tribunal, el imputado rechazó las acusaciones de estafa formuladas por el Ministerio Público y defendió la ejecución del contrato a través de la empresa Transcore.
Asegura que invirtió más de lo recibido
Gómez Canaán explicó que su empresa recibió un anticipo de RD$263 millones, pero afirmó que la inversión total en el proyecto superó los RD$1,100 millones.
“El Estado tiene los equipos, los está utilizando desde 2023 y, aun así, me deben más de 800 millones de pesos. ¿Quién estafó a quién?”, expresó durante su defensa material.
Según detalló, el proyecto incluyó la instalación de 305 intersecciones semaforizadas con equipos tecnológicos importados desde distintos países.
Financiamiento y pagos internacionales
El empresario indicó que, ante la falta de desembolsos oportunos, la empresa tuvo que financiar la ejecución mediante líneas de crédito.
Entre ellas, mencionó más de RD$120 millones obtenidos a través del Banco BDI, además de aportes de empresas relacionadas.
Asimismo, explicó que las transferencias internacionales correspondieron a pagos a suplidores en Estados Unidos, Canadá, China y Europa, destinados a la adquisición de los equipos.
Responde a acusaciones de sabotaje y lavado
Sobre los señalamientos de sabotaje y delitos tecnológicos, Gómez Canaán sostuvo que las fallas en el sistema se produjeron tras intervenciones realizadas por el propio INTRANT sin el conocimiento técnico adecuado.
También negó las acusaciones de lavado de activos vinculadas a la empresa Dekolor, indicando que operaba mediante esquemas fiduciarios y que no recibió fondos directos del Estado.
Aseguró, además, que la empresa continuó prestando servicios pese a una deuda que, según dijo, supera los RD$700 millones.
Impacto personal del proceso
Durante su exposición, el imputado se refirió al impacto que el proceso judicial ha tenido en su vida personal y familiar.
Señaló que ha permanecido más de 14 meses bajo medidas de coerción, lo que ha afectado su entorno cercano.
El caso sigue en los tribunales
Las declaraciones se produjeron durante una audiencia en la que se conoce el expediente acusatorio en su contra.
El Ministerio Público mantiene cargos por estafa contra el Estado, lavado de activos y delitos de alta tecnología, mientras el tribunal continúa evaluando las pruebas presentadas por ambas partes.
