Santo Domingo.- La jueza Milagros Ramírez Cabrera declaró culpable a Elizabeth Silverio por usurpar funciones de especialista y ofrecer atención a niños con autismo en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland.
Además de la condena, el tribunal le impuso el pago de una indemnización de dos millones de pesos.
Silverio dice que apelará la sentencia
Al salir de la Novena Sala Penal del Distrito Nacional, Silverio afirmó que esta representa la tercera condena dictada en su contra y sostuvo que no le han podido probar con hechos las acusaciones.
“Yo soy el tapadero ahora mismo de la realidad de este país, primero fueron diez años, luego siete ahora son cinco, mañana será la absolución”, expresó.
También insistió en que no se ha demostrado que niños fueran perjudicados o medicados, como se habría alegado durante el proceso.
Ministerio Público sostiene que usó documentos falsificados
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Silverio utilizó documentos falsificados, entre ellos títulos universitarios y un número de exequátur inexistente, con los que aparentaba una formación profesional que no poseía.
Según el órgano acusador, esa presentación le permitió ganar la confianza de las familias y captar pacientes para los servicios ofrecidos en su centro.
La fiscal del Distrito Nacional, Magalys Sánchez Guzmán, sostuvo que Silverio se hacía pasar por neurocientífica sin contar con los estudios requeridos para ejercer.
La representante del Ministerio Público añadió que la imputada también habría violado disposiciones de la Ley General de Salud al ofrecer servicios sin cumplir con los requisitos académicos y legales exigidos en República Dominicana.
Defensa anuncia recurso de apelación
El abogado de Silverio, Waldo Paulino, adelantó que recurrirán la sentencia en apelación. Según dijo, durante el juicio no se pudo demostrar que su clienta elaborara un título falso.
Afirmó que el debate se centró en el uso de ese documento y en la atribución de una calidad profesional que, según la acusación, no le correspondía.
El Ministerio Público estableció en el caso presuntas violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano, así como a disposiciones de la Ley 42-01 General de Salud y de la Ley 136-03 sobre protección de niños, niñas y adolescentes.
