Santo Domingo. – Representantes legales de víctimas del caso Jet Set cuestionaron actuaciones de la defensa de Antonio y Maribel Espaillat, al considerar que esas acciones apuntan a extender el proceso y desgastar a los afectados.
Durante una intervención en el programa El Despertador, los juristas sostuvieron que la intención sería provocar cansancio en las víctimas ante la continuidad de las audiencias y nuevos incidentes dentro del caso. “La única intención de todo eso que está haciendo la defensa… es que la víctima se desespere, y todo el mundo deje eso, y se cansen de ir al tribunal”, expresaron.
Cuestionan nuevo peritaje en esta etapa
Los abogados criticaron que, en este momento del proceso, se impulse una nueva diligencia técnica como un peritaje adicional.
A su juicio, esa solicitud representa una carga extra para las víctimas y puede traducirse en revictimización, al obligarlas a permanecer por más tiempo dentro de un proceso sin avances definitivos.
También señalaron que el pedido inicial de seis meses para completar ese estudio reflejaba, según su postura, una intención de prolongar el caso. Aunque finalmente se concedieron 30 días hábiles, insistieron en que la medida impacta el ritmo del expediente.
Alertan sobre posibles retrasos
Los representantes de las víctimas advirtieron que la autorización del nuevo peritaje podría frenar el inicio de la audiencia preliminar.
Explicaron que el resultado de esa diligencia tendría que incorporarse como prueba, lo que obligaría a posponer el conocimiento del caso hasta contar con el informe técnico.
En ese contexto, alertaron sobre el riesgo de que los plazos sigan extendiéndose hasta acercarse a la extinción de la acción penal.
“Estamos hablando de un año de proceso, se están solicitando más plazos, y esto puede llevar a que pasen los cuatro años sin que se conozca el fondo del caso”, indicaron.
También cuestionan forma de autorizar diligencia
Los abogados sostuvieron además que la vía utilizada para autorizar el peritaje no se corresponde con los principios del proceso penal.
Según plantearon, una solicitud de ese tipo debió conocerse de forma oral, pública y contradictoria, y no mediante una decisión administrativa.
En su opinión, mientras el peritaje no se incorpore al expediente, el tribunal no podría avanzar hacia una apertura a juicio.
Denuncian problemas con acceso a documentos
Los juristas también afirmaron que no han podido revisar la documentación entregada por la defensa, debido a que esta habría sido suministrada en un dispositivo USB dañado.
Indicaron que esa situación fue informada al tribunal, pero hasta el momento no habrían recibido respuesta.
Además, señalaron que no participaron en algunas diligencias realizadas por el Ministerio Público, entre ellas inspecciones en el lugar de los hechos, donde —según dijeron— solo estuvieron presentes abogados de la defensa.
Expresan preocupación por preservación de escombros
Otro de los puntos planteados fue la falta de certeza sobre el resguardo de los escombros del establecimiento.
De acuerdo con su posición, esa situación podría tener incidencia en los resultados del nuevo peritaje.
Pese a esos señalamientos, reconocieron que la defensa tiene derecho a presentar pruebas, aunque insistieron en que ese ejercicio debe ajustarse a los procedimientos fijados por la ley y respetar los derechos de todas las partes.
