Santo Domingo. – El director general de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, informó que la reciente Ley de Compras y Contrataciones, junto a su reglamento de aplicación, ya muestra efectos positivos al ampliar la participación de suplidores y facilitar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) a los procesos estatales.
Según explicó, el reglamento se encuentra actualmente en etapa de implementación y forma parte de un plan de modernización del sistema de adquisiciones públicas en la República Dominicana.
El funcionario señaló que la normativa está diseñada para fortalecer la competencia y dinamizar la economía, al permitir que más empresas puedan ofertar bienes y servicios al Estado.
Marco orientado al desarrollo económico
Pimentel sostuvo que con este nuevo esquema legal el país avanza hacia estándares internacionales en materia de contrataciones públicas, con un enfoque que favorece el crecimiento económico y la inclusión empresarial.
A su juicio, el sistema busca no solo mejorar la eficiencia de las compras gubernamentales, sino también convertirlas en una herramienta de desarrollo productivo.
Capacitación y acompañamiento institucional
En cuanto a la adaptación de las entidades públicas y los proveedores, indicó que se ha desplegado un amplio programa de formación que incluye capacitaciones, guías técnicas, manuales y asistencia directa.
Estas acciones —dijo— pretenden asegurar que las unidades de compras del Estado y los suplidores comprendan los nuevos procedimientos y los apliquen correctamente durante el proceso de transición.
Desafíos en la implementación
El director reconoció que, como toda reforma estructural, la aplicación de la nueva ley enfrenta retos y cuestionamientos, incluidos señalamientos desde sectores de oposición.
No obstante, reiteró que el objetivo es consolidar un sistema más transparente, competitivo y alineado con las necesidades del desarrollo nacional.
La reforma a la Ley de Compras y Contrataciones forma parte de un conjunto de iniciativas destinadas a fortalecer la institucionalidad y ampliar la participación de empresas en las operaciones del Estado.
