Santo Domingo. – La Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), junto a más de 60 asociaciones empresariales, interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana contra los artículos 5 y 16 de la Ley núm. 98-25, por considerar que afectan de manera desproporcionada a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).
La acción fue presentada de manera conjunta por Codopyme, la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (ANEIH), la Unión Nacional de Empresarios (UNE) y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC).
Las entidades solicitan que los artículos impugnados sean declarados no conformes con la Constitución, al alegar que imponen cargas económicas, técnicas y administrativas que ponen en riesgo la sostenibilidad, el empleo y la competitividad del aparato productivo nacional.
El presidente de Codopyme, Fernando Pinales, explicó que el sector respalda la protección del medioambiente y la gestión responsable de los residuos, pero advirtió que la ley establece una “contribución especial” basada en los ingresos brutos de las empresas, sin relación directa con la cantidad real de residuos generados.
Indicó que este esquema ha provocado incrementos de hasta un 500 % en los tramos de menores ingresos, en comparación con la normativa anterior.
Las asociaciones también señalaron que la legislación vulnera la libertad de empresa, al exigir el pago incluso a compañías inactivas o sin generación de residuos, y afecta especialmente a sectores con márgenes regulados y baja rentabilidad neta.
Otro punto cuestionado es la exclusión de las MiPymes de la comisión prevista en la Ley 98-25, pese a que este segmento representa alrededor del 98 % del tejido productivo nacional, lo que, según indicaron, viola principios de representatividad y participación.
Sobre el artículo 16, advirtieron que impone auditorías anuales, certificaciones y restricciones de importación sin estudios previos de impacto económico, lo que dificulta la operatividad de pequeños y medianos industriales.
Las entidades reiteraron su disposición al diálogo, pero subrayaron que no pueden permanecer en silencio ante disposiciones que, a su juicio, ponen en peligro el derecho al trabajo, la libertad de empresa y la justicia tributaria.
