Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader remitió observaciones a la Cámara de Diputados tras devolver la ley que autoriza el pago de deudas acumuladas a contratistas por obras ejecutadas sin contrato formal, al advertir que la normativa carece de información esencial para comprometer recursos del Estado.
En una comunicación enviada el pasado viernes, el mandatario señaló que la pieza legislativa aprobada no establece con precisión el monto total del desembolso, ni define de forma documentada quiénes son los beneficiarios, lo que impide evaluar su impacto fiscal y su viabilidad legal.
La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 12 de enero, bajo el procedimiento de urgencia, y posteriormente validada por el Senado. La ley contempla el pago de obligaciones que se remontan hasta 30 años atrás, derivadas de obras de infraestructura ejecutadas sin contratos formalizados.
Falta de certeza financiera y legal
Aunque el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), entidad que impulsó el proyecto, estima que la deuda ronda los RD$2,000 millones, el texto legal no incluye ese cálculo ni un respaldo financiero oficial.
Abinader fundamentó su decisión en el artículo 233 de la Constitución, que obliga al Poder Ejecutivo a programar ingresos y gastos con base en información verificable. En ese sentido, advirtió que no puede autorizar pagos sin conocer con exactitud el alcance económico de la medida.
Además, indicó que la ley carece de “certeza y exigibilidad”, ya que no existen documentos que acrediten de manera inequívoca la condición de acreedores del Estado de las personas y empresas listadas. Aunque la normativa enumera a más de 500 beneficiarios, no aporta certificaciones de las obras atribuidas.
Observaciones al contenido de la ley
El jefe del Estado también cuestionó el propio título de la pieza, al considerar que autorizar pagos por obras ejecutadas sin contrato formal compromete el principio de responsabilidad financiera, que exige contar previamente con los fondos disponibles antes de ordenar cualquier desembolso.
Entre las instituciones públicas señaladas como deudoras figuran el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el Indrhi, el Inapa, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, la Junta Central Electoral y la Alcaldía del Distrito Nacional.
Según el proyecto, algunos de los mayores acreedores serían Wagner Manuel Mosquea, el ingeniero Arturo Aníbal Rincón y Miguelina Rincón Santana, por múltiples trabajos atribuidos.
La propuesta excluye los mantenimientos correctivos, salvo los vinculados al Ministerio de Educación, según lo aprobado por el Congreso.
Próximo paso legislativo
Conforme al artículo 103 de la Constitución, el Congreso dispone de dos legislaturas ordinarias para acoger o rechazar las observaciones presidenciales. De no pronunciarse dentro de ese plazo, la ley quedaría promulgada automáticamente con las observaciones del Poder Ejecutivo.
