Santo Domingo. – De acuerdo con la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público en el caso Cobra SENASA, el imputado Santiago Hazim Albainy habría instaurado un sistema estructurado de sobornos mediante el cual se exigía a suplidores del Seguro Nacional de Salud (SENASA) el pago de porcentajes fijos —de hasta un 35 % de sus ingresos— como condición para mantener vigentes sus contratos con la institución.
Según el expediente, a mediados de octubre de 2020 se produjo una reunión en una oficina contigua al despacho de Hazim Albainy, a solicitud del coimputado Eduardo Read Estrella, representante de KHERSUM, S.R.L.. En ese encuentro, siempre según la documentación depositada, Hazim habría informado que un intermediario de su confianza lo contactaría posteriormente.
Días después, Read Estrella fue convocado por dicho intermediario, identificado como José Pablo Ortiz Giráldez, quien le comunicó la exigencia puntual: KHERSUM debía entregar el 35 % de todo lo que cobrara de SENASA para conservar los contratos. El expediente señala que, tras un rechazo inicial, los pagos a la empresa empezaron a retrasarse de forma injustificada. Finalmente, según la acusación, Hazim Albainy confirmó directamente que, para poder cobrar, debía “ponerse de acuerdo con el Gordo”, en referencia a Ortiz Giráldez.
A partir de ahí, las empresas KHERSUM, DELESTE y FARMACARD, del Grupo Read, habrían comenzado a realizar entregas de aproximadamente un 30 % de los montos mensuales recibidos, conforme a las exigencias descritas por el Ministerio Público.
Transferencias, empresas pantalla y pagos en efectivo
El Ministerio Público afirma que entre noviembre de 2020 y agosto de 2022 los sobornos fueron canalizados mediante transferencias bancarias hacia empresas vinculadas a Ortiz Giráldez —como PDSS Servicios a tu Salud, Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabaón y Comercializadora Harif— amparadas en facturas por servicios médicos ficticios, movilizando más de RD$512 millones.
Tras hacerse pública la investigación del caso Calamar, el esquema habría pasado a operar principalmente en efectivo entre septiembre de 2022 y agosto de 2025, mediante retiros bancarios y entregas en fundas plásticas en la sede del Grupo Read. Solo por esta vía, el Ministerio Público calcula que se movieron RD$1,109 millones.
En total, el órgano acusador sostiene que Hazim Albainy habría recibido RD$1,621,337,217.15, provenientes de KHERSUM, DELESTE y FARMACARD, según el desglose incluido en la solicitud de coerción.
Empresas fachada y lavado de activos
El Ministerio Público indica que, para justificar contablemente las operaciones, se usaron empresas consideradas fachada, como JCMV Despacho Legal, Hatom Prestadora de Servicios, Getsalud, Sibila, Azusalud, SPM, Fundación NM Rehabilitación y Mercargo, que habrían emitido facturas por servicios ficticios de telemedicina, transporte y operativos comunitarios. Esto, según el expediente, configuraría un esquema de lavado de activos ligado a corrupción administrativa.
Sobornos como condición para operar en SENASA
Para el Ministerio Público, los hallazgos incluidos en la solicitud de medida de coerción evidencian que los contratos funcionaban bajo un sistema de sobornos obligatorios —de entre 30 % y 35 %— para poder cobrar y mantener vigentes los contratos, generando un grave perjuicio económico al sistema público de salud.
Estos elementos forman parte de la estructura probatoria que sustenta la petición de coerción en el caso Cobra SENASA, considerado por el órgano acusador como uno de los mayores procesos de corrupción administrativa en el sector salud.
