Santo Domingo. – El Ministerio Público afirma en su solicitud de medida de coerción que Santiago Marcelo Hazim Albainy habría comenzado a recibir beneficios económicos antes de asumir la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SENASA).
En el documento, los fiscales indican que “desde antes de ser nombrado, el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy ya se encontraba recibiendo beneficios como vehículos alta gama, por parte de empresarios que a lo largo de su gestión formarían parte de la estructura fraudulenta que se benefició del presupuesto del Seguro Nacional de Salud (SENASA)”.
La solicitud agrega que el entonces funcionario también habría establecido “compromisos económicos para cumplir cuando asumiera el control de esta institución pública”.
El Ministerio Público sostiene que, de las diligencias realizadas, “se desprende que los imputados diseñaron e implementaron un sistema criminal prolongado en el tiempo, destinado a obtener beneficios económicos ilícitos mediante el desvío de fondos públicos, la manipulación de procesos de contratación y compras, y la utilización de mecanismos fraudulentos en la gestión de los recursos destinados a la salud de los ciudadanos”.
El documento señala que este supuesto entramado “no solo ocasionó un cuantioso daño patrimonial al Estado dominicano, sino que además afectó de manera directa los derechos fundamentales de miles de afiliados del sistema de seguridad social”, comprometiendo recursos de atención médica y cobertura para la población vulnerable.
Otro de los puntos expuestos por el MP es que, al asumir la Dirección Ejecutiva del SENASA, “no existía el Comité de Contrataciones Médicas dentro de la estructura institucional”, y que fue Hazim quien lo creó “de forma arbitraria, sin sustento legal, normativo ni procedimental”.
El Ministerio Público asegura que dicha estructura fue integrada por colaboradores bajo su línea directa, y que el comité operó como “un instrumento creado por el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy, para favorecer de manera directa, selectiva y discrecional a prestadores de salud vinculados a su círculo político y de amistad, así como a personas y empresas vinculadas a sus intereses personales, políticos y económicos”.
Todas estas afirmaciones forman parte del expediente sometido al tribunal como parte del proceso judicial en curso.
