Santo Domingo. – El Ministerio Público solicitó este lunes la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los diez detenidos en la Operación Cobra, un entramado de corrupción que, según las autoridades, habría defraudado al Estado dominicano con más de RD$15,000 millones a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa), la ARS pública destinada a la población más vulnerable.
La solicitud fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, junto con la petición de que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la magnitud del presunto fraude y la cantidad de imputados.
Quiénes son los implicados
El expediente es encabezado por Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de Senasa, señalado por el Ministerio Público como figura central de la estructura.
Junto a él fueron sometidos:
- Rafael Luis Martínez Hazim
- Gustavo Enrique Messina Cruz
- Germán Rafael Robles Quiñones
- Francisco Iván Minaya Pérez
- Eduardo Read Estrella
- Cinty Acosta Sención
- Ramón Alan Speakler Mateo
- Ada Ledesma Ubiera
- Heidi Mariela Pineda Perdomo
El alcance del fraude
El fiscal Héctor García informó que la red habría provocado un perjuicio estimado en al menos RD$15 mil millones, mediante maniobras fraudulentas, pagos irregulares y esquemas de desfalco ejecutados dentro de la institución.
El documento depositado por los fiscales —entre ellos Rosa García, Enmanuel Ramírez, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán— detalla que la estructura operó mediante:
- Coalición de funcionarios
- Prevaricación y sobornos
- Asociación de malhechores
- Estafa y desfalco contra el Estado
- Falsificación y uso de documentos falsos
- Lavado de activos
Investigación en curso
La investigación está a cargo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Pepca, encabezadas por Wilson Camacho y Mirna Ortiz, quienes aseguraron que el caso sigue abierto y que se continúan recopilando evidencias para fortalecer la acusación.
La Operación Cobra es considerada una de las investigaciones anticorrupción más amplias relacionadas al sector salud, por la cantidad de recursos públicos envueltos y el impacto directo sobre un sistema que atiende a millones de dominicanos.
