Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (Senasa) destinó más de RD$12 mil millones en contratos privados con empresas habilitadas como suplidoras de insumos y servicios de salud a partir de 2020, durante la gestión de Santiago Hazim. La información forma parte de una investigación realizada por la periodista Edith Febles, sustentada en documentos oficiales, solicitudes vía Ley de Libre Acceso a la Información Pública y testimonios de personal de la ARS estatal.
Los gastos —cuestionados por la SISALRIL y hoy bajo investigación del Ministerio Público— se concentran en cuatro partidas principales: nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria, adquisición de vacunas y pagos prospectivos a centros privados.
Técnicos del órgano rector advirtieron en múltiples ocasiones que particularmente el gasto en nutrientes ponía en riesgo la sostenibilidad financiera de la ARS pública. Aun así, los programas nutricionales dirigidos a escolares y envejecientes se mantuvieron por tres años, alcanzando RD$5,861 millones.
Pagos a privados: modelos, montos y beneficiarios
Para contratar servicios de atención primaria a empresas privadas, Senasa utilizó el modelo de pago capitado, destinando RD$130 mensuales por afiliado sobre una base de 900 mil beneficiarios del régimen subsidiado.
Entre 2020 y 2025, ese esquema implicó desembolsos por RD$5,083 millones. La mayor parte fue facturada por Khersun, empresa propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que recibió RD$3,897 millones.
Le siguieron Servicios Médicos DELESTE (RD$932 millones) y otras tres compañías: UNIDICAPE, Fundación Sanas y VivaMax, que en conjunto superan los RD$254 millones.
Mientras tanto, Senasa pagaba apenas RD$22 por afiliado a la red pública, según registros oficiales.
Choque con el SNS y recortes al sector público
Con la entrada de más de dos millones de afiliados al régimen subsidiado a finales de 2020, Senasa fijó al Servicio Nacional de Salud (SNS) un pago mensual de RD$75 millones. Esto desencadenó tensas negociaciones y un proceso formal de arbitraje en abril de 2023.
Aunque el conflicto se resolvió obligando a Senasa a honrar compromisos con las UNAP, testimonios internos indican que en la práctica los fondos destinados al sector público fueron aún más limitados.
Favores a privados y peligro de colapso
Bajo el modelo de pago prospectivo, Senasa destinó sumas millonarias a centros privados sin recibir en muchos casos informes de ejecución.
Los reclamos de suplidores por retrasos en los pagos crecieron en 2023, mientras auditores de SISALRIL advertían que la ARS estaba en riesgo de colapsar si mantenía su ritmo de gastos.
Las presiones derivaron en sanciones administrativas y en la orden, a mediados de 2023, de cancelar los controvertidos contratos de nutrición.
Otros pagos a centros privados continuaron hasta 2025, cuando estalló la crisis y SISALRIL intervino con mayor rigor.
El presidente Luis Abinader destituyó a Santiago Hazim y designó a Edward Guzmán como nuevo director.
Sobornos, presiones y un modelo privatizante
La investigación detalla testimonios de suplidores que aseguran haber sido presionados para efectuar pagos irregulares incluso cuando la investigación ya era pública.
Los documentos a los que tuvo acceso Febles evidencian —según sus hallazgos— una ruta que favoreció a prestadores privados mediante contratos millonarios y modelos financieramente insostenibles para la ARS pública.
La periodista adelantó que, por la magnitud del caso, ofrecerá entregas adicionales con más detalles, documentos y testimonios relacionados con el presunto esquema de privatización de servicios en Senasa.
Con contenido de Edith Febles
