Datos oficiales muestran que cuatro compañías ligadas a Munir Kury concentraron más del 70 % de las adjudicaciones del Plan Social y Comedores Económicos desde 2020.
Santo Domingo. — El director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, afirmó que el entramado empresarial investigado por manipular licitaciones públicas tenía un propósito claro: concentrar contratos millonarios bajo una aparente legalidad. Aseguró que, una vez identificado el beneficiario final, quedará al descubierto la magnitud del llamado “cártel de proveedores” que ha operado en el Estado dominicano.
UNA RED BAJO APARIENCIA DE LEGALIDAD
“Tienen un objetivo muy claro: agenciarse adjudicaciones sobre la base de una aparente legalidad, independientemente de cuál sea la razón social adjudicada. Al final, cuando el Ministerio Público concluya su investigación y se conozca el beneficiario final, se va a entender bien por qué le hablamos del cártel de proveedores”, declaró Pimentel en entrevista con Nuria Piera.
El funcionario se refirió así al expediente presentado por la DGCP y la Unidad Antifraude de la Contraloría ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde se documenta cómo más de 30 empresas habrían actuado de forma coordinada para repartirse licitaciones en instituciones como el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos.
EMPRESAS VINCULADAS Y MONTOS MILLONARIOS
Según los datos revelados en el reportaje, al menos cuatro empresas ligadas al empresario Munir Manuel Kury Hazoury —Inversiones Q-Tek SRL, COMERDOM SRL, Condelca SRL y Tingley Business SRL— vendieron al Plan Social productos por RD$437,357,097 en solo tres licitaciones durante 2021.
Las compras incluyeron alimentos básicos como arroz, pastas, sardinas, azúcar y café, así como electrodomésticos y artículos del hogar (neveras, estufas, abanicos, sillas plásticas, camarotes y juegos de comedor).
El patrón de adjudicación se mantuvo y creció exponencialmente. En 2022, las ventas de esas mismas compañías al Plan Social sumaron RD$1,469 millones. Un año después, en 2023, la cifra se duplicó hasta alcanzar RD$2,416 millones, lo que representa un acumulado superior a RD$4,322 millones en apenas dos años.
EL DOMINIO DE UN GRUPO CERRADO
Entre mayo de 2023 y abril de 2024, el 78 % de los procesos de compras del Plan Social fue adjudicado a las mismas cuatro empresas vinculadas a Kury, junto a otras como Empresas Integradas SAS y Argentra International, que obtuvieron un 24.7 % adicional de las adjudicaciones en ese período, por más de RD$1,400 millones.
Estas cifras confirman la alta concentración del gasto público en un grupo reducido de suplidores que, según Pimentel, actuaban como un cártel empresarial, manipulando los procesos con apariencia de legalidad.
UN ESQUEMA DE CORRUPCIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Pimentel insistió en que la corrupción en las compras estatales no ocurre sin complicidad entre funcionarios y suplidores.
El expediente también recoge denuncias de falsificación de registros sanitarios, uso de testaferros y presión a competidores, elementos que evidencian un esquema de colusión público-privada con estructura jerárquica y reparto de beneficios.
“En todos los casos de corrupción hay una alianza público-privada. No puede hacerlo solo un funcionario, ni solo un proveedor”, subrayó el titular de Contrataciones Públicas.
LAS MEDIDAS Y EL MARCO LEGAL
Tras las revelaciones, la DGCP emitió la circular 2025-0008, que elimina definitivamente la carta de autorización del fabricante como requisito en las licitaciones, práctica que favorecía la manipulación de los procesos.
Además, el expediente fue remitido a ProCompetencia para investigar posibles acuerdos ilegales de manipulación del mercado estatal.
El caso ocurre bajo la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, promulgada en julio, que devuelve las sanciones penales y administrativas al sistema de compras del Estado y contempla penas de hasta diez años de prisión por prácticas de colusión y fraude.
LA PISTA DEL BENEFICIARIO FINAL
La investigación ahora se centra en determinar quién es el beneficiario real de las compañías adjudicatarias.
Según Pimentel, una vez se identifique al responsable económico detrás de las razones sociales, quedará clara la dimensión del cártel y la forma en que logró apoderarse de las compras públicas desde 2020.
“Cuando se conozca el beneficiario final, se entenderá por qué hablamos de un cártel de proveedores”, reiteró.
UNA RED QUE DRENÓ FONDOS PÚBLICOS
Los datos recopilados por N Investiga y los organismos estatales confirman que esta estructura habría drenado más de RD$4,000 millones del presupuesto público mediante licitaciones direccionadas y cláusulas restrictivas.
El caso, calificado por Contrataciones Públicas como el más grande de colusión empresarial documentado en el país, expone la vulnerabilidad del sistema de compras estatales y la necesidad de sanciones ejemplares.
