Santo Domingo.– La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Unidad Antifraude de la Contraloría General remitieron a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe técnico en el que se detalla la operación de una red de proveedores que habría alterado procesos de licitación pública mediante prácticas fraudulentas, simulación de competencia y presuntos vínculos con funcionarios.
De acuerdo con el análisis conjunto, las empresas involucradas habrían coordinado su participación en distintas licitaciones utilizando nombres comerciales distintos para repartirse adjudicaciones y excluir a oferentes legítimos, afectando la libre competencia.
El documento también recoge denuncias de proveedores que aseguran haber sido objeto de amenazas y presiones para desistir de sus ofertas, lo que evidencia un esquema de manipulación que vulnera la transparencia del sistema de compras públicas.
Entre las compañías bajo investigación figuran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, entre otras con patrones similares de comportamiento.
El titular de la DGCP, Carlos Pimentel, señaló que esta investigación es resultado del fortalecimiento del control preventivo y del uso de herramientas analíticas aplicadas al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).
“Detectamos prácticas que afectan la equidad y los recursos públicos. Este caso demuestra la eficacia de los mecanismos de control y la cooperación interinstitucional en la lucha contra el fraude”, expresó Pimentel.
De su lado, Leónidas Peña, coordinador de la Unidad Antifraude, explicó que se identificaron coincidencias en la rotación de adjudicatarios, el intercambio de roles entre oferentes y el uso de información privilegiada.
“La trazabilidad digital y la coordinación entre instituciones permitieron desenmascarar este entramado. Es un paso importante para reforzar la integridad en las compras públicas”, puntualizó Peña.
El informe será también remitido a ProCompetencia para determinar si existieron acuerdos colusorios que afectaron la libre competencia en el mercado de contrataciones públicas.
La DGCP reiteró que continuará aplicando mecanismos de monitoreo y alertas tempranas en los procesos de licitación, reafirmando su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio estatal.
