Santo Domingo.– El doctor Antonio Cruz Jiminián, director de la Clínica Cruz Jiminián, explicó este lunes los motivos detrás de la suspensión del acuerdo entre su centro médico y el Seguro Nacional de Salud (Senasa), que permitía ofrecer servicios a pacientes del régimen subsidiado.
Durante una entrevista en medios locales, Cruz Jiminián recordó que el convenio fue firmado en la gestión de Mercedes Rodríguez, con el propósito de garantizar atención médica a personas de bajos recursos que no podían acceder a clínicas privadas.
El galeno señaló que, en sus inicios, el contrato contemplaba un pago mensual de tres millones de pesos, revisable cada año, pero con el paso del tiempo la cantidad de pacientes afiliados aumentó considerablemente, elevando los costos operativos del centro.
“En un principio, todo marchaba bien, pero la demanda creció tanto que los gastos superaron por mucho los ingresos. Llegamos a cubrir cerca de diez millones de pesos mensuales, mientras Senasa seguía pagando solo tres. En la práctica, estábamos subsidiando al Estado”, explicó el médico.
A pesar de la suspensión del contrato, el doctor aseguró que la clínica sigue atendiendo a los pacientes subsidiados, por compromiso humano y ético.
“Ahora los atendemos gratis. No podemos negar servicios médicos a quienes más lo necesitan. Es un deber moral y social”, afirmó.
Cruz Jiminián indicó que la institución atraviesa una presión financiera considerable, ya que cerca del 90 % de los pacientes que acuden a emergencia pertenecen al plan subsidiado, lo que afecta la sostenibilidad del centro.
El médico destacó que los hospitales públicos deberían asumir la atención de esos casos, reconociendo que actualmente se encuentran mejor equipados que en años anteriores.
Además, reiteró que su clínica ha mantenido una política de solidaridad y acceso igualitario, al brindar atención médica a personas de escasos recursos “con la misma calidad que a los pacientes privados”.
Las declaraciones del reconocido médico se producen tras una supervisión de la DIDA, encabezada por Elías Báez, que reveló la cancelación formal del contrato entre Senasa y la Clínica Cruz Jiminián, así como irregularidades en otros centros vinculadas a la entrega de medicamentos y la aprobación de servicios.
