Santo Domingo. – El Ministerio Público anunció este lunes la homologación de un acuerdo judicial mediante el cual Maxy Gerardo Montilla Sierra y un grupo de sus empresas aceptan su responsabilidad penal en el marco de la Operación Antipulpo, autorizando además el decomiso de RD$2,000 millones a favor del Estado.
El acuerdo, sustentado en el criterio de oportunidad establecido en el Código Procesal Penal, fue presentado ante el tribunal por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Indemnización y compromisos asumidos
De acuerdo con lo establecido, Montilla deberá pagar RD$600 millones de indemnización a las empresas distribuidoras de electricidad EdeEste, EdeSur y EdeNorte, como compensación por los daños ocasionados.
Asimismo, deberá disolver 11 de sus empresas vinculadas a los hechos de corrupción en un plazo de dos años, entre ellas:
- Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.
- Electrocable Aluconsa, S.A.S.
- NSD Importaciones Diversas, SRL
- Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, SRL
- Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL
- Importadora Eaglerise, SRL
- TLC Negocios Globales, SRL
- Watmax Lighting, SRL
- Herrajes Eléctricos RPC, SRL
- MG Solomon Corporation
También deberá pagar RD$431,816,307.90 a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Además, se ordenó el decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados en el Ensanche Naco, Distrito Nacional, valorado en RD$50,901,692.13.
Declaraciones del Ministerio Público
Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y Mirna Ortiz, de la Pepca, valoraron la decisión judicial y destacaron que este acuerdo fortalece los avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad liderada por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso.
El documento homologado señala que Montilla Sierra utilizó sus empresas como vehículos societarios para participar en procesos de contratación pública de forma fraudulenta, logrando adjudicaciones ilícitas en perjuicio del patrimonio estatal, principalmente en el sector eléctrico.
Asimismo, se indica que el empresario incurrió en monopolio de proveedores, manipulación de plazos de entrega, estafas y pagos de sobornos a funcionarios públicos para obtener ventajas en las contrataciones.
Base legal del acuerdo
El Ministerio Público explicó que el acuerdo se sustenta en el artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación, aporta información clave o contribuye al esclarecimiento de los hechos, como ocurrió en este caso.
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue quien homologó la resolución.
Impacto en el caso Antipulpo
Con este resultado, el Ministerio Público reafirma su compromiso de recuperar bienes sustraídos al Estado mediante la corrupción administrativa, especialmente en procesos vinculados a la Operación Antipulpo, en la que también figura como principal imputado Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina.
