Santo Domingo. — Más de 80 gremios y asociaciones empresariales de la República Dominicana expresaron su rechazo a la reforma al Código de Trabajo aprobada en primera lectura por la Cámara de Diputados, calificándola como una iniciativa “apresurada”, sin consenso y potencialmente perjudicial para el empleo formal, la inversión y la competitividad del país.
El pronunciamiento fue encabezado por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), junto a importantes gremios como la AIRD, AMCHAMDR, ASONAHORES, ADOZONA, ADIE, ABA y ANJE, entre otros.
“Esta reforma laboral, en los términos en que ha sido aprobada, pone en riesgo la generación de empleos formales, la seguridad jurídica y el clima de inversión en el país”, advierte el documento conjunto.
Reforma laboral sin consenso ni estudios técnicos
Los empresarios aseguran que el proyecto aprobado desconoce avances del diálogo tripartito, incluye medidas no discutidas y omite temas estructurales fundamentales para lograr una legislación moderna, adaptada al mercado laboral actual y a las necesidades del crecimiento económico.
“El país necesita una reforma laboral verdaderamente transformadora, con base en análisis técnicos, que impulse más empleos formales y mejor productividad”, señalaron.
Lamentaron la rapidez con la que se ha manejado el proceso legislativo en la Cámara de Diputados, sin el debido consenso con el sector empresarial ni con estudios de impacto socioeconómico.
Llamado al diálogo tripartito y revisión profunda
Las organizaciones firmantes llamaron al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a retomar el diálogo tripartito y detener una reforma que —advierten— podría convertirse en una oportunidad perdida si se aprueba en su forma actual.
“Esta iniciativa genera incertidumbre en un contexto global que exige estabilidad, confianza y reglas claras para todos los sectores productivos”.
Reiteraron que toda modificación al Código de Trabajo debe surgir de un proceso transparente, participativo y técnicamente sustentado, que promueva la formalidad, respete los derechos de los trabajadores y fortalezca la competitividad del país.
El comunicado fue firmado por más de 80 entidades empresariales de sectores clave como la industria, turismo, banca, energía, exportación, comercio, telecomunicaciones y zonas francas.
