Santo Domingo, R.D. – El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), reveló que la auditoría que realizó la Contraloría General de la República al contrato con la empresa Dekolor, para la operación del sistema nacional de licencias de conducir, detectó irregularidades que superan los 730 millones de pesos entre lo recaudado por esa compañía y lo que efectivamente recibió el Estado dominicano.
La entidad señala que al mismo tiempo se identificó un esquema de recaudación fraudulento operado a través de la empresa Pago RD Xchange —relacionada estrechamente con Dekolor— que, según la investigación, habría generado pérdidas estructurales y vulnerado principios esenciales de control interno.
En tal virtud, el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison, envió una comunicación a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, fechada 21 de mayo de 2025, presentándole los hallazgos de la auditoría practicada por la Unidad Antifraude de la Contraloría.
La comunicación enviada a la PGR solicitó que el Ministerio Público tomara conocimiento del informe técnico y actuara en consecuencia, conforme a sus atribuciones legales.
Según explicó el INTRANT, la querella penal depositada el pasado 4 de julio ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), constituye la continuación natural de ese proceso de saneamiento institucional.
El INTRANT también denunció que su titular, Milton Morrison, fue objeto de amenazas, presiones e intentos de sobornos por montos millonarios, tras su negativa de renovar el contrato vencido de Dekolor.
Precisan que esto obligó a la institución a elevar el caso al plano penal.
El INTRANT destaca que desde septiembre de 2024 inició un proceso institucional de revisión y denuncia que derivó en la querella penal interpuesta contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general, Sandra Oruña, por presuntas anomalías en la operación del sistema nacional de licencias de conducir.
La institución aseguró que ha actuado conforme a la ley y seguirá colaborando con la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Contraloría para que los hechos sean debidamente investigados y sancionados.
