Santo Domingo.– Más allá de la apelación anunciada, el Ministerio Público cuestionó duramente la actuación de la jueza Fátima Veloz durante la audiencia de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, principales imputados por el colapso del techo del centro nocturno Jet Set.
De acuerdo con el órgano acusador, la magistrada incurrió en una valoración “arbitraria y desproporcionada” de las pruebas aportadas, al desestimar indicios clave como los informes estructurales, testimonios de testigos protegidos y evidencia documental sobre la gestión administrativa del local.
“El problema no es solo la decisión, es cómo se llegó a ella. Se ignoraron elementos fundamentales y se colocó sobre el Ministerio Público una carga probatoria que no corresponde en esta etapa”, indicaron las fuentes.
El Ministerio Público sostiene que, a pesar de la gravedad de los hechos, la jueza adoptó un enfoque “más cercano a un juicio de fondo que a una audiencia de coerción”, lo que, según sus argumentos, favoreció injustificadamente a los imputados y debilitó el principio de protección a las víctimas.
En su resolución, la jueza Fátima Veloz impuso una garantía económica y presentación periódica, pese a que el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva, alegando riesgo de fuga y obstrucción del proceso.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) considera que esta decisión no solo constituye una “burla para las víctimas”, sino que además “sienta un precedente negativo para casos donde hay responsabilidad penal derivada de gestión empresarial”.
“Se ha enviado un mensaje equivocado: que quienes tienen poder o influencia pueden evadir las consecuencias de sus actos, incluso frente a una tragedia de esta magnitud”, concluyeron las fuentes.
La apelación está en curso, pero el Ministerio Público insiste en que el centro del debate debe ser el estándar de justicia aplicado por la magistrada Veloz en este caso.
