Santo Domingo. – La jueza Patricia Padilla, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ha sido nuevamente colocada bajo la lupa de la opinión pública tras autorizar, por quinta ocasión, la salida del país del imputado José Gómez Canaán (Jochy Gómez), acusado de participar en un esquema de corrupción millonaria bajo la operación Camaleón.
Gómez Canaán, señalado junto al exdirector del INTRANT, Hugo Beras, y otros implicados, es investigado por su presunta participación en una red de corrupción que intentó defraudar al Estado dominicano por más de RD$1,300 millones mediante un contrato para la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo.
La decisión más reciente de la jueza Padilla —que autoriza el viaje de Gómez a Panamá del 23 al 30 de junio de 2025— no solo ha generado cuestionamientos sobre los criterios judiciales aplicados, sino que revive un historial de decisiones controversiales en casos de alto perfil.
Un historial cuestionado
No es la primera vez que la magistrada es blanco de críticas. En el pasado, ha sido recusada por el Ministerio Público y por equipos legales en procesos emblemáticos, como el del exministro José Ramón Peralta (Caso Calamar), por alegadas actuaciones fuera del marco legal o percibidas como parcializadas.
En 2023, la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación acogió la recusación del Ministerio Público y la apartó del caso Peralta, señalando que “obró con discrepancia excesiva” al dejar sin efecto una revisión obligatoria de medida de coerción.
Años antes, en 2018, fue suspendida por el Consejo del Poder Judicial, tras dejar en libertad a dos acusados de narcotráfico, en una decisión que nunca fue completamente explicada por la entonces presidencia de la Suprema Corte.
Además, en el contexto del caso Camaleón, Padilla ha autorizado múltiples permisos de viaje a favor de Gómez Canaán, incluyendo destinos como Disney World y Panamá, pese a que el imputado se encuentra bajo investigación por crímenes graves, que incluyen sabotaje, estafa, coalición de funcionarios y uso fraudulento de recursos públicos.
Polémica creciente
Esta reiterada flexibilidad ha llevado al Ministerio Público a recusar formalmente a la jueza el pasado mes de mayo, advirtiendo que sus decisiones “benefician en términos legales a los señalados de sabotaje y terrorismo”.
Asimismo, diversas voces del ámbito judicial han expresado preocupación sobre la coherencia, proporcionalidad y respeto al debido proceso que deben prevalecer en casos de alto impacto como este.
A la fecha, la jueza Patricia Padilla mantiene su cargo y jurisdicción, mientras el expediente de Jochy Gómez continúa bajo investigación. El escrutinio sobre sus decisiones, sin embargo, solo parece crecer.
