Santo Domingo, R. D.– En un paso decisivo hacia la defensa de la imparcialidad judicial, el Consejo de Defensa del ex procurador Jean Alain Rodríguez presentó formal recusación contra los magistrados Keyla Pérez Santana, Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Bautista, integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el cual fuera designado, de forma directa y sin un proceso de selección aleatoria, para conocer el juicio de fondo contra el ex procurador. La solicitud fue formulada se fundamenta con más de 20 pruebas de faltas graves que comprometen la independencia del proceso judicial y ordenan un inmediato cambio de Tribunal, lo que será decidido por la Corte de Apelación del Distrito Nacional en los próximos días.
Los jueces, en franca violación a la norma, mientras se les planteaba los motivos de la recusación, impidieron la oralidad y de forma abrupta, solicitaron que les fuera depositada por escrito y suspendieron la audiencia, siendo esta una causal adicional que demuestra la arbitrariedad de este Tribunal y jueces.
Entre los principales motivos de la recusación se destaca el sesgo evidente de la magistrada Pérez Santana al condicionar decisiones judiciales al nivel de colaboración de los imputados con la Procuraduría, violando los principios de imparcialidad y justicia consagrados en el Código Procesal Penal. Esto fue evidenciado presentando como pruebas la resolución N° 941-2024-SRES-00095 en la cual la Jueza Keyla Santana justificó la negativa de suspensión de un arresto domiciliario a un imputado porque este no estaba colaborando con el Ministerio Público a diferencia de otro que si colaboraba.
Asimismo, se aportaron las pruebas de la manipulación dolosa de actas de audiencias que encubren serios errores procesales de convocatoria realizadas en días feriados y culpar injustamente a los imputados de esos retrasos, evidenciándose una preocupante parcialidad y carencia de ética que fue probada con el audio de la audiencia de fecha 11 de octubre del 2024, en el cual se escucha de forma clara que los jueces convocaron a las partes para el día 4 de noviembre (feriado), sin embargo, en las transcripciones de las audiencias falsearon la realidad redactando el día 5 de noviembre, con la gravedad de haber señalado en la citada Resolución No. 00095 que dicho retraso era atribuible a las defensas.
De igual manera, los jueces recusados habían restringido de forma arbitraria el acceso de la prensa a las audiencias públicas, contraviniendo el derecho constitucional a un juicio público. Sin ninguna de las partes solicitarlo, los jueces expulsaron del salón los miembros de la prensa y les prohibieron las cámaras y grabadoras en franca violación a los artículos 69.4 y 3 del Código Procesal Penal, lo que justifica un cambio de tribunal, hacia otro de mayor transparencia.
Por último, se demostró la irrupción de estos magistrados en una audiencia cerrada ajena, asumiendo la posición de presuntas víctimas de espionaje dando credibilidad a una teoría de la Procuraduría, todo por el hecho de haber encontrado en una residencia familiar durante un allanamiento un papel en blanco con el nombre de los jueces, siendo el abogado de ese imputado el firmante Dr. Carlos Balcácer, también abogado del ciudadano Jean Alain Rodríguez. Ante esta grave acción, el firmante abogado se querelló contra estos 3 jueces ante el Colegio Dominicano de Abogados y la Inspectoría del Poder Judicial por violación a la ley No.3 del 2019, en cuanto al abandono de sus funciones para asumir actitud retaliatoria, intimidatoria y violadora de la reserva a puertas cerradas de una audiencia, lo que obliga a estos jueces a inhibirse en este caso y que sea designado otro Tribunal que no contaminado con litigios pendientes de solución.
Queremos dejar claro que este proceso judicial debe iniciar, pues nuestro representado lleva casi 4 años arbitrariamente privado de libertad, sin ninguna justificación, pero debe ser conducido por jueces imparciales y objetivos. Este reclamo, no solo busca justicia para los implicados, sino también proteger la confianza pública en la integridad del sistema judicial dominicano, señalaron el Dr. Carlos Balcácer y los licenciados Gustavo Biaggi y Nelys Rivas.
