Santo Domingo. – El ministro de Turismo, David Collado, ha reiterado en varias ocasiones que ni él ni su equipo reciben comisiones de los contratistas o proveedores que trabajan con su ministerio. Esta declaración, que ha sido celebrada por algunos como un ejemplo de transparencia en la administración pública, también ha generado interrogantes sobre si esta práctica se replica en otras instancias del gobierno.
Durante eventos y entrevistas, Collado ha subrayado su compromiso con la gestión limpia, destacando que las licitaciones y contrataciones realizadas en Turismo cumplen con estrictos criterios de transparencia. «Nosotros no recibimos ni un solo peso de comisiones; nuestro trabajo es garantizar que los recursos lleguen donde deben llegar», afirmó recientemente.
Sin embargo, estas declaraciones también plantean una pregunta que queda en el aire: ¿es esta una práctica generalizada en el aparato gubernamental, o es una excepción? La alusión a las comisiones, un tema recurrente en los debates sobre corrupción en el país, abre la puerta a un análisis más amplio sobre la gestión de recursos públicos.
En el pasado, ha habido señalamientos y escándalos relacionados con pagos irregulares a funcionarios a través de contratistas y proveedores en diversos ministerios. Aunque no se han presentado denuncias específicas recientes contra altos funcionarios del gobierno actual, el tema de las comisiones sigue siendo una sombra que persigue a la administración pública.
Por el momento, la pregunta queda abierta: ¿puede todo el gobierno, desde los ministerios hasta las instituciones descentralizadas, afirmar con la misma seguridad que no toman comisiones de contratistas o proveedores? La respuesta podría ser un indicador clave del compromiso del país con una gestión verdaderamente transparente.
La postura de Collado podría ser una invitación a que otros funcionarios adopten medidas similares de transparencia y lo comuniquen públicamente. Esto no solo fortalecería la confianza en las instituciones, sino que también podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción.
