Santo Domingo. – En su más reciente actualización sobre las presuntas irregularidades en las licitaciones realizadas en el Plan Social de la Presidencia y los Comedores Económicos, la periodista Nuria Piera destaca el uso de cartas de fabricantes como un mecanismo para restringir la competencia y favorecer a ciertos oferentes, lo que pone en duda la transparencia de los procesos de contratación pública.
Restricciones que benefician a unos pocos
La carta del fabricante se ha convertido en un requisito indispensable, y su ausencia puede llevar a la descalificación inmediata de un oferente. Aunque las autoridades han permitido que este requisito sea subsanable en algunos casos, esto no ataca la raíz del problema: la inequidad generada por relaciones exclusivas entre fabricantes y ciertos oferentes.
«Es lo grave, estos fabricantes le están dando esta carta a personas allegadas a ellos, es como si el fabricante participara en la licitación sin participar y participar un testaferro por llamarlo de alguna forma, y esa carta del fabricante es la magia de todo», expresó Nuria Piera
Desde el principio de las investigaciones, se evidencia que ciertas instituciones públicas imponen requisitos que limitan la participación de oferentes, contraviniendo el principio de libre competencia. Entre las prácticas denunciadas, resalta el uso de cartas de fabricantes incluso para productos comunes como habichuelas y salchichones, algo que antes era poco frecuente.
“Estas cartas no solo restringen el acceso, sino que permiten a los fabricantes elegir a quiénes beneficiarios, lo que reduce las oportunidades para otros proveedores y fomenta el favoritismo en los contratos”, subrayó Nuria.
Impacto en las licitaciones y el mercado
El acceso a la carta del fabricante se ha convertido en un elemento clave para la participación en licitaciones públicas. Sin este documento, los diferentes enfrentan descalificaciones automáticas o dificultades significativas para competir. Aunque recientemente se han implementado medidas que permiten subsanar su ausencia, estas acciones no abordan la raíz del problema.
Este requisito no solo afecta la competencia, sino que también limita la participación de pequeños proveedores, generando desconfianza en el sistema. Como resultado, han surgido impugnaciones, suspensiones de procesos de licitación y llamados a reformar los mecanismos actuales.
Falta de respuestas y necesidad de reformas
Uno de los puntos más críticos revelados por Piera es la falta de respuesta de las autoridades responsables. A pesar de las solicitudes de aclaración dirigidas al director de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, este se negó a conceder una entrevista, lo que alimenta aún más la desconfianza en el proceso.
“La transparencia no puede ser opcional. Las licitaciones deben registrarse por reglas claras, y las autoridades tienen la obligación de responder ante las preocupaciones ciudadanas”, concluyó la periodista.
La investigación ha puesto nuevamente en el centro del debate la importancia de garantizar procesos de contratación más equitativos y accesibles, especialmente en instituciones clave como el Plan Social y los Comedores Económicos.
