Santo Domingo.- El periodista Julio Martínez Pozo se refirió la mañana de este lunes a los documentos que del «Mimilazo» donde se presentan unas supuestas investigaciones a varios empresarios dominicanos como lo son José Luis ‘Pepín’ Corripio, sus hijos y otros empresarios, asegurando que «se han cometido una serie de acciones que lloran ante la presencia de Dios»
«¿Qué busca Pepín Corripio en el «Mimilazo»?, ¿Qué buscan los hijos de Pepín Corripio en el «Mimilazo»?, ¿Qué busca el canal 11 en el «Mimilazo»?… qué buscan.. señores el abuso que ha cometido con una persona, el señor Corripio y los hijos del señor Corripio, no son acusados en el Mimilazo, no son testigos, no son arientes ni parientes en el «Mimilazo», sin embargo esas personas fueron sometidos a un proceso de investigación nacional e internacional contrastada con todos los malditos delincuentes de Estados Unidos», expresó Martínez Pozo.
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Pozo agregó que el supuestamente el Gobierno dominicano solicitó que el principal empresario del país se le sometiera a una investigación en Estados Unidos y todo eso está «vaciado en el Mimilazo», sin que la persona tenga ninguna vinculación con el entramado de corrupción del caso Calamar y menos del «Mimilazo».
«Señores la información que hay de un documento público, son un vaina de locura, mírenlo aquí, yo nada más me voy a referir a la parte de la prueba porque no voy a mencionar cosas que se relatan ahí, que no es parte del expediente y hay cientos de hojas dedicadas a ese señor que yo no se que busca ahí. Señores toda la información del señor Corripio está ahí… Nosotros le estamos diciendo a Estados Unidos que nosotros tenemos sospecha de algunos de los empresarios importantes… nosotros estamos destruyendo a la República Dominicana, acabando para ser más instrumento de chantaje de ellos», manifestó Pozo.
El periodista también alega que ahora los «delincuentes» tienen toda la información del señor Corripio, entre ellos datos de sus tarjetas de crédito por lo que enfatizó que una de ellas con la cantidad disponible para gastar unos 3 millones quinientos cincuenta mil pesos y solo gastó unos 2,637 pesos.
Además de esto Martínez Pozo aseguró que todos los socios y familiares del señor Corripio tienen la información vaciada en el «Mimilazo», al igual que Luis Molina Achécar, presidente del grupo BHD, al que varios empresarios que tienen su información expuesta al igual que el Grupo BHD.
«Tiene toda la información sobre esa persona y sobre el grupo, y si usted me dice que él está ahí porque él es testigo, no él no es testigo, él no busca nada ahí… ah porque tienen que haber 3, 600 páginas. ¿Pero no hay control de daño, es loco que estamos?», especificó el veterano comunicador.
El «Mimilazo» y los acuerdos
Los delatores «claves» en la Operación Calamar estarían llegando a acuerdos con los abogados contratados por la Presidencia de la República para la recuperación del patrimonio público sustraído en casos de corrupción.
Esos acuerdos consisten en la supuesta devolución de bienes, dinero y colaboración entregando información de la estructura relacionada al caso de la Operación Calamar.
El comunicador Julio Martínez Pozo revelo los movimientos y acuerdos detrás del escándalo conocido como el “Mimilazo”. Durante su intervención, Martínez Pozo detalló cómo el Ministerio Público presentó inicialmente decenas de supuestas víctimas, pero luego desechó a todos los querellantes, dejando al Estado como la única víctima reconocida en el proceso de homologación. Este cambio permitió exculpar a los acusados y establecer que las únicas reparaciones necesarias eran para el Estado, no para individuos privados.
Entre los beneficiarios de estos acuerdos estarían los delatores del Ministerio Público y miembros de la estructura de fraude al Estado: Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera, entre otros.
Martínez Pozo también destacó un aspecto controvertido del acuerdo: los acusados resarcirán al Estado mediante la realización de obras públicas contratadas por el propio gobierno. Según el comunicador, esto pone a los acusados en una posición privilegiada como contratistas del Estado, lo que levanta sospechas sobre la transparencia y la justicia del proceso.
