Santo Domingo.- El periodista Julio Martínez Pozo manifestó su opinión luego de exponer a el pasado viernes las homologaciones de los acuerdos del caso Calamar y el “Mimilazo”, donde reveló que los acuerdos benefician a los imputados, en cuanto a esto la Procuraduría General de la República lanzó una comunicación a los medios y la prensa a ráiz de las declaraciones de Martínez Pozo.
Según el documento de la PGR asegura que existen varias oficinas de abogados que han representado a imputados de crimen organizado y que firman acuerdos para aceptar su culpabilidad y que en la firma de dichos acuerdos no participó nadie que esta en su nomina.
Ante esto Martínez Pozo específica que si los acuerdos no pasan por ciertas oficinas de “abogados” entonces no son admitidos como válidos.
“Esas oficinas de abogados si no están con el visto bueno del Ministerio Público no pasan, incluso hay una denuncia ante el TC de un abogado en el que el MP le exige a su cliente que lo despida como abogado para poder suscitar el acuerdo, si esos acuerdos no pasan por la oficina a la que me referí no pasan”, dijo el periodista.
El comunicador también asegura que si las declaraciones emitidas por su persona fueron “falsas”, ¿porque no lo han desmentido?, por lo que expresa que en ningún momento se inventó lo que expuso y redactó.
“Si eso es mentira porque no vinieron aquí a demostrar que eso es mentira, porque no vinieron a desmentir el documento que publiqué…”.
El mismo documento de la Procuraduría General de la República se especifica que el MP no le atribuye a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad ya que las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente.
“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa.
Por lo que el órgano asegura que las campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos.
Ante estas especificaciones Martínez Pozo asegura que “a partir de hoy hay que callarse la boca” porque el que haga una denuncia tendrá problemas con la PGR y el MP.
Además de ello cita que a través de dichas campañas se comete un delito tipificado como es el 53-07 con lo que dan a entender que puede caer en difamación e injuria, además de que acusan a Martínez Pozo de que sus declaraciones son pagadas con fondos ilícitos.
Al finalizar su alocución el periodista le dejó un mensaje a la procuradora Miriam Germán invitando a consultar a Vítor Díaz Rua para que le explique si las opiniones de su persona en el caso Odebrecht estuvieron vinculadas a un acuerdo económico con él o cualquier otro de los implicados.
Martínez Pozo también dijo que él mismo le extendió su solidaridad a ella cuando fue cuestionada en el Consejo Nacional de la Magistratura y que hoy en día le lanza una amenaza pública.
“Ahora no hay que dar ninguna explicación sobre los escándalos del Mimilazo, es callar cualquier denuncia que se genere y eso va dar brega que ocurra… la verdad es que estamos en un gran absurdo y si algo le digo señora váyase al diablo con su amenaza a la libertad de expresión”
