Santo Domingo. – Los delatores «claves» en la Operación Calamar estarían llegando a acuerdos con los abogados contratados por la Presidencia de la República para la recuperación del patrimonio público sustraído en casos de corrupción.
Esos acuerdos consisten en la supuesta devolución de bienes, dinero y colaboración entregando información de la estructura relacionada al caso de la Operación Calamar.
El comunicador Julio Martínez Pozo revelo los movimientos y acuerdos detrás del escándalo conocido como el “Mimilazo”. Durante su intervención, Martínez Pozo detalló cómo el Ministerio Público presentó inicialmente decenas de supuestas víctimas, pero luego desechó a todos los querellantes, dejando al Estado como la única víctima reconocida en el proceso de homologación. Este cambio permitió exculpar a los acusados y establecer que las únicas reparaciones necesarias eran para el Estado, no para individuos privados.
Entre los beneficiarios de estos acuerdos estarían los delatores del Ministerio Público y miembros de la estructura de fraude al Estado: Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, José Arturo Ureña Pérez, Fernando Crisóstomo Herrera, entre otros.
Martínez Pozo también destacó un aspecto controvertido del acuerdo: los acusados resarcirán al Estado mediante la realización de obras públicas contratadas por el propio gobierno. Según el comunicador, esto pone a los acusados en una posición privilegiada como contratistas del Estado, lo que levanta sospechas sobre la transparencia y la justicia del proceso.
Además, señaló que los acuerdos fueron manejados por la firma de abogados Hedrick, vinculando a figuras clave del Ministerio Público con la misma oficina, lo que genera dudas sobre posibles conflictos de interés.
El Ministerio Público (MP) afirmó en documentos oficiales que Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) y José Arturo Ureña, a través de la empresa Trossachs Enterprises recibieron para equipar dos hospitales y la cual recibió RD$7,615,863,686, durante el período 2017-2020. Sin embargo, más del 50% de los fondos fueron erogados en 2020.
El MP señala que, entre el cuatro de febrero al 14 de agosto del año 2020, la empresa Trossachs recibió RD$4,519,412,308, de los cuales Guerrero pagó RD$1,838,721,737 por el Ministerio de Hacienda, como una obligación del tesoro, es decir, una deuda administrativa.
La fiscalía afirma que los montos fueron pagados de manera fraudulenta porque no calificaban como obligación del tesoro ni pasaron el Control Interno de la Contraloría General de la República, violentando la Ley 10-07, además que carecen de soportes.
