Santo Domingo. – La Comisión Consultiva para Libertad de Expresión (Cclex), creada por el Decreto núm. 333-22, desarrolló un anteproyecto de Ley de Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales, analizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia, Inc. (Finjus), quien subrayó su relevancia para la vida democrática.
Mediante un comunicado de prensa la organización detalló que la libertad de expresión e información, protegida por el artículo 49 de la Constitución, es un derecho fundamental que no solo permite a los individuos expresar sus opiniones sin coacción, sino también buscar y acceder a información, constituyendo un derecho de doble contenido.
Añadió que el anteproyecto de ley tiene una estructura lógica y clara, sin ambigüedades, y respeta los límites de la libertad de expresión. El capítulo II destaca principios que promueven la diversidad de los medios y protegen la integridad física de las personas, subrayando la importancia del debido proceso.
Finjus también destacó que, aunque la libertad de expresión es crucial, no es absoluta. Asimismo, que el anteproyecto deja claro que esta libertad debe respetar otros derechos como el honor, la intimidad, la dignidad y la moral, especialmente en relación con la juventud y la infancia. La rápida evolución tecnológica plantea amenazas significativas para estos grupos vulnerables, lo que se aborda en el anteproyecto.
En tanto, que pone énfasis en las fuentes de información y la figura de la desindexación, operando bajo criterios estrictos para proteger tanto a quienes ejercen el derecho de expresión como a quienes pueden verse afectados.
Se introduce el Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), adscrito al Ministerio de Cultura, para supervisar y promover las libertades de expresión e información, reemplazando a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.
Finalmente, concluyó diciendo que la ley propuesta busca construir un ordenamiento que promueva la tolerancia, eficiencia y calidad en los procesos políticos, mejorando la gestión de los servicios públicos y garantizando el respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
