Santo Domingo. – El pasado director del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras estaba al tanto de las investigaciones sobre la irregularidades del contrato con Transcore Latam, informó hoy director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Carlos Pimentel explicó que días antes del que el pasado 30 de octubre suspendieran el contrato suscrito entre Intrant y la razón social Transcore LATAM, S.R.L para la mejora del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo, se reunieron en las oficinas de Compras Y Contracciones con Beras y el equipo jurídico de la institución.
Apuntó que luego de la citada reunión ellos (Intrant) quedaron de enviar los medios de defensa a la DGCP, “pero ya estábamos listos para tomar daciones y suspendimos”.
A juicio del director de Compras y Contrataciones, la defensa del Intrant parecían más los medios de protección de la empresa.
“Para mí los medios de defensa del Intrat fueron lamentables, primero porque cuestionaron las competencias de la dirección de compras y contrataciones”, dijo Pimentel entrevistado en el Programa El Día que se transmite por Telesistema Canal 11.
Resaltó que pese a las tres comunicaciones de advertencia sobre las irregularidades del contrato, el Intrant pagó a la empresa Transcore LATAM, S.R.L el 20 por ciento del anticipo, unos 200 millones de pesos, los cuales fueron pagados en dos partes.
Entramado para que ganara Transcore Latam
Carlos Pimentel aseguró que todos los mecanismos orientaban hacia una empresa, que fue la que posteriormente ganó la licitación.
Al ser cuestionado con relación si el Intrant estructuró para resultar ganadora Transcore Latam, dijo que “eso está claro y quedó demostrado», en las resoluciones emitidas por la dirección de Compras del Estado.
La resolución de 173 páginas, Compras y Contrataciones la cual señala las denuncias y hallazgos que motivaron a la nulidad del contrato, dentro de las que incluye que en el proceso en la emisión de certificación de aprobación presupuestaria.
Señaló que las decisiones tomada por la la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), tienen varias instrucciones y fueron suspendidos todos los miembros del Comité de Compras de la institución, los peritos actuantes, mientras que la Procuraduría General de la República tiene todas la evidencias colectadas.
“Entendemos que hay indicios de tipificación de tipo penal, y la Procuraduría tiene la oportunidad de profundizar en la investigación en los aspectos que no podemos llegar”, resaltó.
Pimentel explicó además, que la unidad antifraudes de la Contraloría General de la República también terminó una investigación de aspectos en los que Compras y Contrataciones no tienen competencia y eso permite corroborar la evidencia del caso.
Además, se notificó también a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-competencia) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Dijo que quedó demostrado que en este caso el Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) ya la y la razón social Transcore LATAM, S.R.L participaron con el interés de un ilícito.
Explicó que desde la Contraloría General de la República se está auditando la aportación del Intrant, con el fin de determinar la ejecución del contrato, en vista que es mucho lo que se había hablado de que el mismo se encuentra en un 65 por ciento de ejecución.
Pimentel aseguró que tiene en duda que el contrato esté como dice la empresa en un 65 por ciento.
Otro contrato
Carlos Pimentel, director de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), dijo que a lo interno del contrato para la red semafórica había otro por un monto de cerca de 200 millones de pesos para supuestamente instalar semáforos en las provincias, y el mismo fue adjudicado de manera directa a la misma razón social Transcore LATAM, S.R.L.
Con relaciona lo manifestado por el empresario José Ángel Gómez Canaán “Jochy”, de la entrega de los recursos dijo: “él que tenga la voluntad de entregar los recursos debió pasar por la tesorería por la cuenta única”
“Todos los que participaron en el proceso deben ser parte de la investigación”.
