Por: Marisol Aquino
Santo Domingo. – Este miércoles venció el plazo de los ocho meses que se le otorgó al Ministerio Público para que someta la acusación a los veinte acusados en la supuesta red de Operación Calamar y que encabezan los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
Así lo confirmaron fuentes consultadas al respecto, una de ellas de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), que respondió también que «hace días solicitaron una prórroga» para introducir la acusación formal a los imputados, los cuales tienen diferentes medidas de coerción, a excepción de la prisión en una cárcel.
Sobre el tiempo de extensión que se solicitó, se dijo que es la jueza que decide el plazo a otorgar. El caso Calamar fue declarado complejo por la jueza Kenya Romero, quien conoció la medida de coerción a los acusados y le puso como límite los ocho meses a la Pepca para someter la acusación.
Jueza se habría inhibido
La jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción y control del caso Calamar, según las fuentes de Diario Libre se habría inhibido del caso de corrupción que se sigue contra casi todos los sindicados.
Padilla fue recusada por José Ramón Peralta que la acusó de imparcial luego de que conociera una solicitud de revisión de la prisión preventiva que tenía en la cárcel Najayo, sin llevar a cabo audiencias, lo que fue calificado de irregular.
La magistrada fue apartada solo de la imputación a Peralta, luego que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la recusación de la defensa del exfuncionario, pero fue dejada para los demás implicados en el proceso.
La jueza que conocería la solicitud de prórroga de la Pepca para todos los imputados sería Ana Lee Florimón, quien sustituyó a Padilla en el caso de Peralta.
La acusación
A los exministros José Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo se les señala, junto a otros 17 imputados, de supuestamente estafar al Estado con más de 19,000 millones de pesos a través de pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y por alegadamente sobornar a empresarios de la construcción para que financiaran la campaña del 2020.
El 4 de abril, la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, dictó coerción a todo el grupo, consistente en arresto domiciliario para la mayoría, entre ellos a Gonzalo Castillo y al abogado Ángel Lockward.
A Peralta y a Guerrero se envió a prisión por un año en la cárcel de Najayo Hombres, pero seis meses después se les varió la media por presentación periódica y garantía económica.
El expediente vincula también en la supuesta trama a Roberto Santiago Moquete Ortiz, al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.
También están «presos en sus casas» por la supueta red, el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, los hermanos Ana Linda y Emir José Fernández de Paola, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.
