Santo Domingo. – El Ministerio Público informó este viernes que el procurador general de corte de apelación Iván Vladimir Féliz Vargas fue designado como nuevo titular interino de la Procuraduría Especializada contra los Delitos Electorales.
Esa dependencia del Ministerio Público tiene a cargo la asesoría y asistencia a las fiscalías, teniendo como misión en esta etapa trabajar con los casos de los delitos electorales que se pudieran registrar en las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo año 2024 en el país.
El procurador de corte Féliz Vargas al momento de su designación realizaba las funciones de titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec).
Un comunicado de prensa divulgado por la institución indica que su designación se realizó mediante el Auto No. 69, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, por la titular de esa dependencia, procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, y la directora general de Carrera, Thalía Goldberg.
De acuerdo con el contenido del auto, su designación se realiza hasta tanto el Consejo Superior del Ministerio Público designe a un titular definitivo, conforme los procedimientos establecidos. Destaca que la designación no afecta la titularidad del designado, ya que la misma es provisional.
Los equipos de trabajo de la Procuraduría Electoral estarán integrados por fiscales de carrera y personal administrativo que darán apoyo y cooperación a las fiscalías en la persecución de los delitos electorales.
La institución destacó en el documento de prensa que todas las fiscalías del país estarán laborando en horario extendido antes, durante y después del proceso electoral, a fin de atender las eventuales denuncias de presuntos delitos electorales que pudieran presentarse en las diferentes jurisdicciones a nivel nacional.
La Procuraduría Electoral era dirigida por la procuradora adjunta Gisela Cueto, quien, luego de una trayectoria en la institución de cerca de cuarenta años, el 18 de noviembre del pasado año el Consejo Superior del Ministerio Público la designó asesora en materia de cooperación internacional y derechos humanos.
