Santo Domingo. – El especialista en Derecho Penal, Francisco Álvarez, se refirió este martes a la carta de Participación Ciudadana dirigida al magistrado Henry Molina, resaltando que, desde su óptica, identifica las necesidades reales del sistema de justicia dominicano.
“El problema es que, por el enfoque, pretende inaplicar derechos procesales, constitucionales y hasta sociales. Es importante el diálogo ante la avalancha de procesos materialmente inviables (por cantidad de páginas, pruebas e imputados), pero para concretizar cambios es necesario modificar la ley, no la percepción. Pretender que el imputado ceda en sus derechos (especialmente oralidad, defensa, debido proceso) para eficientizar la labor jurisdiccional choca directamente con la naturaleza del proceso Penal”, explicó Francisco Álvarez, a través de su cuenta personal de la red X.
“¿Leer la acusación completa? Lo dice el artículo 318, y la Suprema ha reconocido que, cuando no se hace, el juez debe ordenarla (SCJ, Pleno, Sentencia núm. 3, marzo 2007, bol. Núm. 1156, pág. 30). La excepción es cuando todas las partes se ponen de acuerdo. La modificación es en la ley, no en el Consejo”, dijo.
Indicó que para las audiencias fiarias es necesario desahogar los Tribunales ya que hace falta presupuesto, personal y espacios.
Se refirió a retrasos en los casos de corrupción señalando el caso Tucanos, ya que se delimitó la manera idónea de contar el plazo para la extinción, así de la evaluación de cada comportamiento procesal; afirmó que dicho retraso, cuando es voluntario, no afectará al proceso.
Añadió que, “¿Menos tiempo para la defensa? Jamás. El tiempo que tome, con las consecuencias de quién lo consumió, debe ser la norma para ejercer un derecho de defensa saludable”.
“¿Jueces especialmente elegidos para casos de corrupción? Salvo los casos excepcionales que permiten los regímenes especiales, debe ser creada una disposición legal que permita concretamente esta sugerencia”, manifestó.
El abogado Álvarez finalizó diciendo que la República Dominicana debe repeler el “derecho penal vergonzante” que se ha instituido como herramienta social de persecución casuística. Hay tantos ejemplos de lo mal que termina la película, y lo que le cuesta a un pueblo reconstruir su institucionalidad, que permitirnos este letargo autoindulgente es más culposo que doloso.
