Santo Domingo. – El superintendente de Pensiones, Francisco A. Torres, se reunió este jueves con los miembros de la Comisión Permanente de la Seguridad Social de la Cámara de Diputados, ante el interés de estos en conocer con mayores detalles la reciente adquisición de acciones de oferta pública por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La operación se realizó amparada en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que establece en su artículo 97 cuáles son los instrumentos financieros en los que pueden ser invertidos los recursos de los pensionados, siendo las acciones de oferta pública uno de los instrumentos detallados en ese dispositivo de la Ley.
Torres aclaró que, si bien son las propias AFP, a través de un comité interno, las que toman sus decisiones en cuanto a inversiones, estas deben contar con la aprobación previa de la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites (CCRyLI).
Tal Comisión la integran la Superintendencia de Pensiones, que la preside, el Banco Central, las superintendencias de Bancos, Seguros, Valores y un representante técnico de los afiliados.
El funcionario valoró la receptividad de los legisladores y dijo creer que las explicaciones ofrecidas a la Comisión de Seguridad Social «contribuyeron a despejar algunas dudas sobre la legalidad y pertinencia de la reciente adquisición de oferta pública asumida por las Administradoras de Fondos de Pensiones».
La CCRyLI aprobó como alternativa de inversión para los Fondos de Pensiones el Programa de Emisiones de Oferta Pública de Acciones de César Iglesias S.A. mediante resolución 228 de fecha 12 de diciembre de 2022.
Torres resaltó que el pasado 7 de septiembre la calificadora internacional Fitch Ratings ratificó la calificación AA de César Iglesias S.A. en una anotación aclaratoria con perspectiva estable, «lo que reitera la materialización exitosa de la Oferta Pública Inicial de acciones (OPI) que le permitió a la compañía el repago de la deuda contraída en 2021 para la recompra de acciones a socios minoritarios por 80 millones de dólares», precisó.
“No hay un país desarrollado sin un mercado de valores desarrollado”, expresó el superintendente Torres apuntando a que en América Latina las inversiones de fondos de pensiones en acciones de oferta pública representan una parte significativa del portafolio.
En el caso de Colombia, estas representan un 61.64%, en Perú 57.57%, en Chile 36%, seguido de Costa Rica, México, Uruguay y El Salvador.
Torres detalló que en diciembre 2003 el 100% de los fondos de pensiones estaban invertidos en certificados de depósito de entidades de intermediación financiera.
Actualmente, detalló, el portafolio de inversión de las AFP está distribuido de la siguiente manera: 2% en bonos corporativos, 4% en fideicomisos, 9% en fondos de inversión, 9% en entidades de intermediación financiera, 75.65% en bonos del Estado y 0.35% en acciones de oferta pública, siendo esta la reciente inversión de los fondos de pensiones.
Torres destacó que la Superintendencia de Pensiones «actúa con estricto apego al mandato de la Ley, basada en los objetivos de proteger a la población de los riesgos de vejez, discapacidad y sobrevivencia, para garantizarle así mayor bienestar durante el retiro y aumentar el ahorro durante la vida productiva, lo que se traduce en reducción de la pobreza y mantener el nivel de consumo de los afiliados durante la vejez».
La propuesta de un nuevo sistema de pensiones en reemplazo del manejado por las AFP aún no ha sido comentado por la Superintendencia y se desconoce si fue tratado en la reunión de hoy.
Además de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, esta propuesta está auspiciada y coordinada por la Fundación Juan Bosch y la Coalición por la Seguridad Social Digna, con el apoyo técnico de la Fundación SOL, entidad chilena dedicada a la investigación sobre seguridad social.
