El director financiero del Ministerio de Agricultura es uno de los apresados este domingo por el Ministerio Público en acusación por desfalco.
Se trata de Julio Enrique Domínguez Fernández designado mediante el decreto presidencial 420-20 del 27 de agosto del 2020.
Artículo 1. Julio Enrique Domínguez Fernández queda designado asesor Administrativo y Financiero del Ministerio de Agricultura. Decreto 420-20.
El Ministerio Público depositó este domingo la solicitud de medida de coerción contra Julio Enrique Domínguez Solano (Julito y/o El Carnal) y Antonio José Paredes Elizondo, como parte de una investigación denominada “Desfalco Ministerio de Agricultura”, la cual busca procesar a los implicados bajo cargos de asociación de malhechores, desfalco y otros delitos contra el Estado.
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) desarrolló la investigación por la estafa de casi cuatro millones de pesos, luego de que la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental le presentara la denuncia que recibiera del Ministerio de Agricultura.
Fiscales de la Pepca presentaron la instancia de solicitud de coerción, que consta de 66 páginas, ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, al mediodía de este domingo.
El Ministerio Público imputa a Domínguez Solano la comisión de los delitos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También, lo acusa de violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto, Antonio José Paredes Elizondo enfrenta cargos por violación al artículo 146, numeral 1, de la Constitución de República; artículos 123, 124, 171 y 172 del Código Penal. Además, por coautoría en las conductas delictivas tipificadas en los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Como parte de la investigación, los fiscales a cargo de la investigación reunieron pruebas suficientes contra los imputados que están bajo arresto en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.
