Santo Domingo. – El procurador adjunto Wilson Camacho definió como “una victoria contundente de este Ministerio Público” la decisión de un tribunal de acoger más 3,200 pruebas aportadas por los fiscales y de enviar a juicio a los acusados de integrar la red de corrupción administrativa desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G.
El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el envío a juicio del mayor general policial Adán Cáceres Silvestre, exdirector del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), y el general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), junto a los demás integrantes de la red de corrupción.
“El tribunal rechazó todos los incidentes de las defensas y envió a juicio a todos los acusados presentados por el Ministerio Público. Acogió en su totalidad la calificación jurídica que el Ministerio Público presentó ante estos hechos, y además acogió aproximadamente el 99,99 por ciento de las pruebas presentadas por el Ministerio Público”, dijo Camacho, al responder a los periodistas que lo abordaron a su salida del tribunal.
“Hasta este momento el 100 por ciento de los acusados por este Ministerio Público ha sido enviado a juicio en cada caso que hemos acudido a una audiencia preliminar”, refirió, como una muestra irrefutable de la fortaleza de los procesos que lleva el Ministerio Público.
“En este caso hubo tres empresas que no fueron representadas y que el tribunal fijará una nueva fecha para conocer la audiencia preliminar, el resto en su totalidad ha sido enviado a juicio”, indicó.
“La forma más fácil de evaluar un proceso en cualquier caso son las pruebas. Hemos dicho que sobreprobamos los casos y en este lo hicimos una vez más y por eso el tribunal acogió más de 3,200 pruebas presentadas por el Ministerio Público”, enfatizó.
La decisión fue adoptada por la jueza Yanibet Rivas Méndez en una audiencia que se extendió por unas seis horas, en las que analizó las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por el Ministerio Público para dictar el fallo que alcanzó a las 29 personas físicas imputadas en el proceso.
La magistrada también dictó auto de apertura a juicio contra 15 de las personas jurídicas implicadas en esta acusación y dejó pendiente la audiencia preliminar para S.O.S Carretera S.R.L., S.S.A Corporation S.R.L, Meijo Comercial, E.I.R.L y Optumus E.I.R.L.
En el proceso judicial el Ministerio Público fue representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte y coordinadora de Litigación de la Pepca, Mirna Ortiz. También, por los fiscales Jonathan Elías Pérez, Emmanuel Ramírez, Melbin Romero, Marinel Brea, Arolin Lemos y Miguel Collado.
Junto a Cáceres Silvestre y Torres Robiu fueron enviados a juicio Alejandro Montero, Boanerges Reyes, Carlos Lantigua, Elida Trinidad, Enmanuel Alba, Epifanio Peña, Erasmo Roger Pérez, Erick Pereira, Esmeralda Ortega, Franklin Mata Flores, Jehohanan Rodríguez Jiménez, José Rosario Pirón, Julio de los Santos Viola, Kelman Santana, Lucía de los Santos Viola, Manuel Alba Solano, Miguel Ventura Pichardo, Onoris Soto de los Santos, Pedro Castillo Nolasco, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón, Rossy Guzmán, Santiago Suárez, Tanner Flete Guzmán, Yehudy Guzmán Alcántara y Raymel Del Rosario Viola.
También, las personas jurídicas Randa Internacional Company, Rawel Importadores, RG y Soluciones Financieras, S.O.S Carretera, S.S.A Corporation, Único Real State e Inversiones, Aldom Glass Aluminium, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial, Distribuidor KF, Distribuidora TAFL, Hacienda Kelman, Iglesia Bautista Vida Eterna del Señor Jesucristo, Meijo Comercial, Ministerio Jesús Vino, Viene y Vuelve, MJTRESV Agroindustrial, Optumus E.I.R.L. y RyF Agroindustrial.
El tribunal reconoció el derecho del Ministerio Público a bautizar sus operaciones contra redes de corrupción administrativa y, en ese sentido, rechazó el recurso de oposición presentado por algunas defensas.
La lectura íntegra del fallo fue fijada para el 21 de agosto, a las 10:00 am.
Durante la audiencia preliminar el Ministerio Público solicitó el envío a juicio de los acusados. El pasado 26 de junio el tribunal fijó la lectura del fallo para este lunes 10 de julio.
En el proceso los acusados recibieron distintas medidas de coerción, incluyendo la prisión preventiva por 18 meses, luego de que el Ministerio Público demostrara su vinculación con los hechos de corrupción, logrando además que el caso fuera declarado de tramitación compleja.
El órgano acusador presentó cargos en este proceso contra 48 personas, 30 personas físicas y 18 personas jurídicas que son acusadas de defraudar al Estado dominicano con más de 4,000 millones de pesos.
Los involucrados en el entramado de corrupción operaron en perjuicio del Cusep, el Cestur y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).
Los cargos por los que son procesados incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos entre otros hechos delictivos.
