Por: PAUL MATHIASEN
La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales (Propeep) habría incurridos en varias faltas graves, violentando distintas leyes y normativas, así como utilizado ciento de millones de pesos de su presupuesto de manera irregular durante una parte de la gestión de José Leonel Cabrera Adud “Neney Cabrera”.
Irregularidades millonarias programa ECO5RD
El programa ECO5RD, que tiene como objetivo “combatir el tema de los residuos, que incrementan el gasto de capital, mediante la intervención a unos siete vertederos”, tuvo irregularidades en los contratos otorgados a distintas empresas que prestarían los servicios para manejar los desechos.
Por un lado, la auditoría revela que, en los contratos de alquiler de equipos pesados para los siete vertederos, las empresas contratadas colocaron las mismas pólizas de seguros de los equipos a utilizar: “Las pólizas se repiten entre los proveedores, ya que, diferentes proveedores presentan pólizas con el mismo número de chasis”.
Dicha irregularidad va en contra de la Ley 10-07 de Sistema Nacional de Control Interno; Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, así como las normas básica de control interno (NOBACI).
Entre los riesgos que detalla puede haber tenido esa acción, está la pérdida de más de 41 millones de pesos por “pago de contratos sin recibir los servicios contratados”, la falta de calidad y cantidad en los servicios o bienes recibidos, el incumplimiento del contrato, entre otros.
Dentro del mismo programa, pero en otras licitaciones, el Propeep también adquirió equipos para ser utilizados en la intervención de vertederos, que tuvieron irregularidades.
Específicamente, para la compra de una retroexcavadora y un bulldozer, el Propeep decidió adquirirlas en una empresa diferente al concesionario oficial, por un valor mayor y, en el caso del segundo equipo (bulldozer) de un año considerablemente inferior.
Según la auditoría, el Propeep se disponía a adquirir una “Retroexcavadora Hyundai HX300SL”, siendo Antillana Comercial, S.A el concesionario de la referida marca, pero al final el contrato le fue adjudicado a la empresa Seguridom ML, SRL, por un precio superior de RD 1,00,000.
Mismo caso ocurrió con la adquisición de una “Bulldozer Komatsu D65EX-16”. El informe explica que a pesar de ser Reid & Compañía, S.A el concesionario de la marca Komatsu, le fue adjudicado a la misma empresa de ante, Seguridom ML, SRL, el cual también tiene un monto superior de RD$ 1,000,000 y es ocho años más vieja que el ofertado por el concesionario.
En ambos casos, el Propeep argumentó que las empresas concesionarias “excedían el tiempo requerido por la institución” para la entrega de equipos.
Sobre las consecuencias, la auditoría dice que hubo una pérdida de más de 9 millones de pesos y recomienda un “régimen de consecuencia” a todos los funcionarios incluidos en esta negociación, así como la devolución de los equipos.
Sumado a las irregularidades en su compra, también el informe indica que no registran la entrada al almacén de los equipos adquiridos para la intervención de los vertederos, no teniendo estos registros de entrega, recibimiento, así como tampoco las especificaciones de los mismos.
Programa “Pinta tú barrios en navidad”
Dentro del mismo renglón de irregularidad en el registro de entrada al almacén, aparecen varios materiales adquiridos para el programa especial “Pinta tu barrio en navidad”.
Específicamente, no hay registros de entrega, recibimiento, ni detalles de disolvente, pinturas y materiales que fueron adquiridos a ocho empresas.
Sumado a estas faltas, también el informe indica que durante el programa hubo “coalición entre empresas adjudicadas”.
En ese sentido, señaló que las empresas “Constructora Cardova, SRL y Mercaderes, SRL, que recibieron entre las dos un monto total de RD$17,780,534 “contienen ambas empresas, la misma dirección de domicilio en sus contratos y existe parentesco entre accionista”, violentando de esa manera la Ley de Compras y Contrataciones.
Sin embargo, esta no fue la única irregularidad dentro del programa, ya que también la Contraloría identifico que la empresa “Pisos y Techados Torginol, S.A.S es el fabricante de pinturas ofertadas en todas las empresas o proveedores seleccionados en un proceso de compra que totaliza RD$44,817,191.
Especificamente, las empresas Vaisde Suplidores SRL, Servicios General y Suministros SGS SRL y Bigstar SRL obtiene su certificación de calidad y garantía de la empresa Pisos y Techados Tornginol, lo que constituye “una serie de violaciones a la ley 340-06 en detrimento de la institución, la libre competencia y la calidad de la entrega”.
Casas para remozar
Otro aspecto donde hizo señalamientos la Contraloría fue en la revisión de unas 350 casas remozadas y otras 75 construidas, que totalizaron un monto superior a los 110 millones de pesos.
Los contratos otorgaron las obras cuentan con incumplimientos en sus disposiciones, pero indica que “no nos fue posible medir cuantitativamente el impacto ocasionado al Estado Dominicano.
Entre las cuestiones incumplidas, señala la distribución de las viviendas, debido a que “El contrato establece que serán remozadas 104 viviendas en la zona Norte, 104 viviendas en la zona Sur, 104 viviendas en la zona Este, y 38 viviendas en el Gran Santo Domingo; sin embargo, fueron remozadas (Según los formularios de recepción observamos, 128 viviendas en la provincia de Nagua, 108 viviendas en el Distrito Nacional y 114 viviendas en Azua)”.
También el informe indica una serie de irregularidades en cuanto a los beneficiarios de las viviendas, respecto a los números de cédula, datos no suministrados, formularios sin detalles y otros aspectos no informados.
En lo que respecta a las estructuras, cita a la empresa contratista “Smart Performance Engineering Group Speg Srl, a no haber ejecutado una serie de partidas concernientes a la obra.
Sumado a esto, señalaron que tampoco encontraron registradas partidas de pintura, muros, puertas y ventanas de madera, así como techos de zinc.
Proveedores incompatibles
Junto a la lista de irregularidades de proveedores, aparece también la situación de que el Propeep adjudicó unos contratos a la «Corporación Internacional de Proyectos (Coinpro) SRL, cuyos accionistas están invalidados para ser proveedores del Estado.
La empresa en cuestión pertenece a Ramón Ernesto de Jesús Mejía Mejía y Ernesto Mejía Mejía, ambos empleados del sector público y por ley impedidos para vender al Estado.
En el caso de Ramón Ernesto, ostenta el cargo de director de gabinete en el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que Ernesto es primer teniente en la Fuerza Aérea Dominicana.
A pesar de este, le fue otorgado un contrato para la construcción de «Eco-comedores» por un valor de RD$3,136,743 y otro para la remoción, reparación y construcción de 10 vivienda unifamiliares por un monto de RD$6,599,085.
Otras irregularidades
Además de lo ya expuesto, aparecen otras cuestiones donde hubo irregularidades, como la modificación presupuestaria por un monto superior a los 15 millones de pesos que iban a ser destinados para el “remozamientos del parque central Juan Pablo Duarte” en Azua, pero que de esta cifra se usaron cinco millones de pesos en el alquiler de dos parcelas para “construir una laguna lixiviado y una estación de pesaje para los vertederos”.
Dicha acción violenta la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, así como el NOBACI, creando riesgos como un “control inapropiado del presupuesto y la ejecución financiera”.
También aparecen activos no registrados en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), indicando el informe que existe una diferencia de más de 40 millones de pesos entre los montos registrados por la entidad y el SIAB.
Entre los bienes que no han sido registrados, aparece un vehículo Toyota Camry, año 2015, color azul, que fue recibido como donación por la entidad, pero nunca registrado.
Además, otro aspecto irregular que detalla el informe fue el desembolso, por concepto de “honorarios legales” por un monto de RD$1,651,705, a favor de los abogados Peter Paul Garrido y Ramón Casso Martínez, quienes “no poseen contratos o actos administrativos con los mismos”.
“En nuestra opinión, el cumplimiento de las leyes aplicables, el establecimiento y funcionamiento de las políticas de control interno y procedimientos de la Institución, no proveen la seguridad razonable de que los objetivos establecidos anteriormente fueran logrados por el período comprendido entre el 01 de septiembre 2020 al 31 de diciembre 2021”, concluye una parte de la auditoría.
