Santo Domingo. – Un mes después de haber sido designado el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para dar seguimiento a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público contra el diputado Sergio Moya (Gory), por su presunta implicación en el caso de corrupción Calamar, el magistrado Napoleón Estévez Lavandier no ha iniciado el proceso porque el PEPCA todavía no ha pedido cita para interrogar al legislador del PRM.
El día 12 de abril del presente año, el magistrado Estévez Lavandier fue designado mediante auto por el presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, quien además es presidente del Consejo de Poder Judicial.
Trascendió que el proceso está paralizado sin que el magistrado haya convocado audiencia porque el Ministerio Público todavía no ha enviado ante la Suprema Corte de Justicia las pruebas que dice tener contra el legislador del partido oficial.
La designación del juez Estévez Lavandier se produjo a raíz de que la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección de persecución que dirigen Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, respectivamente, solicitaran la designación de un juez de instrucción especial para que tenga a cargo el control de las investigaciones llevadas en ese caso contra el diputado Gory.
La medida fue solicitada debido a que el diputado posee jurisdicción privilegiada, según establece la Constitución de la República.
Más 20 personas fueron sometidos a la Justicia implicados en presuntos actos de corrupción del caso Calamar entre los que figuran los exministros del gobierno del expresidente Danilo Medina, Gonzalo Castillo, de Obras Públicas; José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia, y Donald Guerrero, de Hacienda.
De estos exfuncionarios y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Peralta y Guerrero son los únicos que guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo, mientras Castillo tiene arresto domiciliario, al igual que otros 15 imputados en el caso del supuesto desfalco al Estado por más de 19 mil millones de pesos.
Por:Tomás Vidal Rodríguez
