A raíz de la circulación entre los integrantes del Ministerio Público de las propuestas de reglamento de escalafón y las bases para un concurso interno de ascenso de fiscalizadores, me ha generado gran preocupación las denuncias sobre maltrato y explotación laboral vertidas en medios digitales y escritos, así como a través de las redes sociales.
Dentro de las declaraciones dadas, se hace referencia a dimisiones considerables de fiscalizadores en los últimos 15 meses, renuncias que, según lo alegado, se han producido por explotación laboral en el ejercicio de sus funciones.
Por supuesto que aseveraciones como las anteriores, de ser ciertas, deben acarrear respuestas contundentes por parte de la institución, máxime cuando se hace uso del concepto de “mano de obra barata”. Si algo ha caracterizado mi gestión y accionar profesional al frente del órgano de procuración de justicia penal es la defensa de la igualdad y la no discriminación, no porque sea lo políticamente correcto, sino porque es en lo que firmemente creo. Bajo ninguna circunstancia aceptaré violaciones de derechos en perjuicio del cuerpo que dirijo, ni aprobaré nada que así disponga (que no es el caso).
Es necesario reconocer, como he dicho ya tantas veces, que el Ministerio Público arrastra el lastre de decisiones nefastas del pasado que han generado distorsiones inaceptables, como el que, por supuesta falta de personal, personas que no son fiscales realicen el trabajo que solo está llamado a ejercer por ley el fiscal. También reconozco que, igual que en cualquier otro espacio de trabajo, pueden darse situaciones graves de maltrato que pasen desapercibidas para las altas instancias.
Una de las principales metas que he asumido al frente de la institución es la mejora progresiva, con criterios institucionales estandarizados, de los beneficios que corresponden a los integrantes del Ministerio Público. Por ello, procuramos a través de los mecanismos institucionales de previsión presupuestaria los recursos necesarios para realizar un reajuste salarial que se aplicó el año pasado; el pago de los bonos anual y vacaciones que la normativa interna preveía desde el 2014, pero que nunca se había cumplido. Este año estamos trabajando en la mejora de los planes de salud y seguro de vida. Todo esto representa un monto de casi 700 millones de pesos anuales.
Ante las denuncias de irregularidades en las condiciones de trabajo de una parte de los integrantes de la institución, he designado una comisión independiente, denominada Grupo de Trabajo, para que realice un diagnóstico institucional y rinda un informe exhaustivo que permita tomar las medidas oportunas. Tengan seguro que consecuencias habrá.
Esta y no otra, es nuestra prioridad en estos momentos con relación a la carrera del Ministerio Público.
Quisiera dejar constancia del compromiso ineludible que, como procuradora general de la República, asumo con el cumplimiento de la ley. No sucumbiré al chantaje y la presión que desde distintos frentes se está lanzando para que se eluda el cumplimiento de la ley en los procesos que estamos conociendo al frente del Consejo Superior del Ministerio Público. Estaré siempre en disposición de conversar, de escuchar las distintas opiniones, de ponderar los reparos que se realicen a las iniciativas cursadas, en el marco del respeto y la consideración que nos debemos como personas decentes.
Sé perfectamente lo que significa hacer una carrera, subir los diversos escalones sin saltarse ninguno. Vi gente que me pasó por el lado a exceso de velocidad, pero nunca sucumbí a la maledicencia y la desconsideración ajena. El Ministerio Público cuenta con un régimen legal que deja poco margen a la arbitrariedad en la gestión de la carrera. El reto es cumplirlo con responsabilidad, y corregir las irregularidades que perviven a lo interno de la institución. Ese es el compromiso que he asumido.
Considero que en las actuales circunstancias debemos seguir trabajando con las iniciativas pendientes, ampliar los plazos para recibir observaciones, abrir más el debate interno y con la sociedad para que se puedan airear los criterios considerados, corregir lo que fuere necesario y adoptar finalmente medidas pertinentes acorde a las necesidades institucionales, las previsiones presupuestarias y los procedimientos que establece la ley.
Espero que la racionalidad prime y que los reclamos colectivos e individuales sean canalizados sin entorpecer el servicio de procuración de justicia penal.
Confío asimismo en que el trabajo que realizará la comisión designada nos permitirá contar con información útil para continuar tomando las medidas necesarias para el adecentamiento del Ministerio Público.
