El impacto de los fuegos forestales sobre nuestros bosques en los últimos meses ha sido devastador. Más de 6,000 hectáreas de bosques han sido afectadas solo hasta el mes de marzo.
Más de la mitad de las ciudades dominicanas han recibido el impacto directo de los efectos de los incendios. La biodiversidad y la salud de las poblaciones mismas han pagado un alto precio por esta causa.
El desafío ha desbordado las capacidades de los encargados de prevenir y mitigar los fuegos bajo la responsabilidad legal del Ministerio de Medio Ambiente: Muchos de ellos forman parte de un grupo de bomberos forestales altamente capacitados pero que lamentablemente se han mantenido marginados a lo largo de los años en cuanto al apoyo real para su desempeño.
Es materialmente imposible hacer frente a todos los focos de fuego diseminados por la isla con los poco más de 300 bomberos forestales habilitados, de los cuales apenas 100 están debidamente equipados.
Para la Fundación Acción Verde, urge que los tomadores de decisión emprendan un paquete de acciones de emergencia, que, si bien puede ayudar a mitigar la urgencia en el corto plazo, debe orientarse a fortalecer las capacidades de manera gradual y sostenible para poder tener un abordaje más efectivo en el futuro inmediato.
En principio, una medida impostergable consiste instruir a todos los organismos de seguridad del Estado, para hacer valer la Ley Forestal No.47-18, que en su Artículo 43 prohíbe el uso de fuego en las montañas, salvo en los casos, condiciones, períodos o zonas autorizadas por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Como medida adicional, debería impedirse el aprovechamiento forestal y los cultivos en zonas afectadas por estos fuegos, al menos por 5 años.
Paralelamente, proponemos el reclutamiento y capacitación gradual de al menos 600 nuevos guardaparques que deben ser formados no sólo en asuntos ambientales básicos, sino también temas como defensa personal, gestión de conflictos y sobre todo en manejo y control de fuegos.
Este personal, distribuido estratégicamente en las zonas más críticas, tendrán oficios regulares asignados a lo largo del año y su uso como Bomberos Forestales sería puesto en práctica en caso de necesidad.
De este modo, con una intervención oportuna de estos protectores de bosques, podrían prevenirse potenciales ilícitos contra las Áreas Protegidas, sofocar conatos de incendio o intervenir ante grandes fuegos si se llegaran a producir.
De forma simultánea, es vital la implementación acelerada de la Estrategia de Manejo del Fuego 2021-2030, con el equipamiento pleno de 300 bomberos forestales, dignificación de sus salarios, instalación de al menos 3 de las sedes regionales y mejoras en sus capacidades logísticas de movilidad con la adquisición de vehículos y equipos apropiados.
Para complementar estas medidas, hará falta el remozamiento y habilitación de los Centros de protección y vigilancia de las Áreas Protegidas más sensibles y alianzas estratégicas con actores clave de cada región para garantizar la funcionalidad y permanencia de las acciones de control.
En el caso de áreas como el Parque Nacional de los Haitises, Valle Nuevo y Sierra de Bahoruco, una medida de control muy efectiva podría ser un operativo permanente con la Dirección General de Migración para impedir el uso de mano de obra Haitiana en los despropósitos que impactan estas áreas protegidas.
De igual manera, hace falta enviar un mensaje certero y contundente procesando judicialmente y sancionando socialmente a los responsables directos e indirectos de los fuegos forestales. Para ello también es vital el compromiso ciudadano, la vigilancia constante y tener claro que sin régimen de consecuencias, se continuará el irrespeto por la autoridad y el bien común.
