Santo Domingo. –Ramón Emilio Jiménez Collie, Mimilo, es de las personas que ha ofrecido testimonios al Ministerio Público en la operación Calamar; un caso en el que están imputados junto a otros 17, los exministros de las gestiones de Danilo Medina, el Administrativo de la Presidencia, de Hacienda y de Obras Públicas y Comunicaciones, José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, respectivamente.
Mimilo, según el expediente, era una de las personas al servicio del ministro de Hacienda en los gobiernos de Danilo Medina. Pero además, supuestamente, fue uno de los brazos operativos de una estructura para procesos de cobros ilegales con la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, una dependencia de dicho Ministerio, dice el expediente en la página 31.
También, Mimilo era la persona responsable de entregar millones de pesos en efectivo en un lugar al que la supuesta estructura contra el erario denominó La Casita, de acuerdo a lo que narra las más de 2 mil páginas del expediente en el que se solicita medidas de coerción contra los encartados.
Pero, ¿por qué Mimilo no está preso, si entregó sumas millonarias de manera ilícita para la campaña de Castillo en el 2019 por el Partido de la Liberación Dominicana, según el expediente?
Para el abogado penalista Julio Cury, el citado brazo operativo de la presunta red Calamar debería estar junto con los demás encartados en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
«Se lee también en la solicitud de medidas de coerción, que él es ideólogo, el que concibe las fórmulas de las expropiaciones, para poder obtener el dinero supuestamente ilícito. Entonces, en la pregunta tienen que incluir eso último, porque pasa lo primero que es de hacer contribuciones ilícitas en la sanción sería apenas una multa, de acuerdo a la Ley de Partidos, la 33-18», puntualiza Cury, quien aclaró que no se trata de un financiamiento, ya que eso «lo otorga el Estado, (pero) cuando son terceros, personas físicas o jurídicas son contribuciones. El Ministerio Público incurrió ahí en un yerro.
El penalista añadió que si Mimilo «ideó el método a través del cual identificó también los expedientes de expropiación y reunió a las personas que hizo todo esto posible, estamos ante un coautor y no ante un cómplice. Porque el cómplice es el que hace una labor auxiliar que no es esencial para la ejecución del delito. El coautor es el que tiene una participación igualmente importante y esencial que la de los demás, y sin la cual no fuese posible la comisión del hecho. Entonces, ¿debería estar arrestado? Claro que sí. Pero tú me preguntarás: si él ha colaborado con el Ministerio Público, y le pueden aplicar lo que ahora sería posible, que es un criterio de oportunidad, ¿se justificaría que no esté privado de libertad? Y yo te respondería que no. Porque la aplicación de ese criterio sólo es posible luego de que el Ministerio Público sea autorizado a tramitar este caso como complejo, lo cual no ha sucedido. Pero aún hubiese sido así, en su caso tampoco sería posible porque la apreciación del criterio de oportunidad está condicionada a que la sanción imponible al beneficiario sea textualmente, como establece el artículo 370 numeral 6 del Código Penal, considerablemente más débil que la imponible a los demás. Y como no estamos ante un cómplice, sino ante un coautor, entonces, esa condición no se verifica, y por tanto, a ese señor debería estar en el carcelita de Ciudad Nueva».
Sin embargo, el penalista aclaró que lo que se sabe hasta ahora sobre el caso son hipótesis del órgano acusador.
Sobre el ingeniero, Ramón Ventura, que también colaboró con la entidad persecutora de la Fiscalía, el abogado dijo que no sucede lo mismo, ya que no se trató de un soborno por parte de él, sino que fue chantajeado «por el peso y la influencia de la corrupción pública».
Se recuerda que el pasado fin de semana el Ministerio Público realzó más de 40 allanamientos para desarticular una supuesta red de corrupción que presuntamente había estafado al Estado con más de 19 mil millones de pesos. El próximo domingo a las 9:00 de la mañana será la audiencia para continuar con el conocimiento de medidas de coerción, luego que el pasado martes la magistrada Kenya Romero la aplazara.
