El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) respondió a una carta enviada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) en la que la entidad sugiere al Consejo del Poder Judicial más eficiencia en la ejecución penal.
Finjus pidió una evaluación del sistema de justicia penitenciaria y denunció la problemática del hacinamiento y abandono de los reclusos. En tal sentido, Luis Henry Molina respondió agradeció las observaciones de Finjus, y señaló las acciones que desde el Poder Judicial se realizan “en torno a la compleja problemática procesal penal”.
Al respecto, Molina precisó que desde abril del pasado año se iniciaron las conversaciones con todos los actos del sistema, a través de la Mesa Nacional de Coordinación Interinstitucional, para implementar una iniciativa denominada “Programa de Optimización del Proceso Penal”, con la que buscan dar respuesta y solución conjunta a los más de 54 problemas que hasta la fecha se han detectado en dicha mesa.
“Dentro de esas 54 problemáticas detectadas, 10, es decir, el 19% buscan dar respuesta a situaciones que ocurren durante la fase de ejecución de la pena. Aspectos como la falta de piezas legales requeridas y sentencias de las personas trasladadas a los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) y recintos carcelarios; la ausencia de información que permita el seguimiento y monitoreo de los casos, así como de una secretaría independiente para tribunales de ejecución de la pena; y la proactividad de magistrados para actuaciones de oficio previstas por la ley y las visitas frecuentes de jueces/zas de ejecución penal a los recintos penitenciarios”, se indica en una misiva enviada por Molina.
Señala que estos puntos son sólo una parte de los problemas que ya han identificado.
“Son monitorizados a través de un tablero y han sido analizados e incorporados en un plan que busca dar solución integral al problema que ya es histórico. La respuesta de esta iniciativa va más allá de la etapa de ejecución, pues desde el Poder Judicial se están haciendo esfuerzos en conjunto con los demás actores, para mejorar y poner al día todas las etapas del proceso penal”, indica.
Precisa que el objetivo final es lograr que la jurisdicción penal funcione de manera óptima en todas sus fases, que cuente con el personal adecuado, sensibilizado y debidamente capacitado, que la población tenga acceso a la información en tiempo real y que pueda haber un seguimiento de la labor de los jueces y del personal del tribunal, pero que también los recintos que albergan a los privados de libertad sean espacios que permitan reinsertar en la sociedad a través del servicio digno que el país merece y necesita.
“La transformación de un sistema del Estado es una labor ardua y reconforta saber que la Justicia cuenta con una sociedad civil que promueve y cataliza su mejora continua. Es por eso que le exhortamos a usted, a la FINJUS y a toda la ciudadanía y autoridades competentes contribuir en este esfuerzo. El Poder Judicial comparte esa misión y, con el apoyo de la sociedad dominicana, tengo fe en que será un logro compartido. En ese interés extendemos invitación para integrarse a los trabajos que actualmente realizamos en esa dirección”, se precisa en el documento.
