Por: Martín Polanco
Al país le sobran intenciones de buscar una alternativa para los productores, pero en la práctica no tiene nada concreto
República Dominicana camina contra reloj y aceleradamente, buscando un “bajadero” frente a la inminente desgravación arancelaria del arroz para 2025, que establece el DR-Cafta. El país y sus autoridades deberán conseguir en menos de dos años lo que no buscaron con firmeza, ni consiguieron en veinte. ¿Pero cuál es el camino correcto a seguir?
Al día de hoy no se tiene, ni se sabe con certeza cuál es la solución, frente a una situación que afectará seriamente a la industria arrocera nacional, que comprende a los productores o dueños de fincas, a los molineros y a otros segmentos dependientes de la cadena, cuando el arroz de Estados Unidos pueda pasar las aduanas dominicanas sin pagar un centavo.
Lo más visible en el horizonte es que el presidente Luis Abinader tiene la firmeza y ha dado garantías de que no permitirá que la producción nacional del cereal se vaya al piso (y de hecho, creó una comisión de seguimiento al tema), pero técnica y concretamente, hasta ahora no hay nada específico que pueda cambiar lo que por fuerza de ley está contenido en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).
¿Si finalmente no se logra un arreglo de tipo diplomático y de gobierno a gobierno en favor de la producción nacional, una alternativa podría ser subsidiar a los productores arroceros?, ha preguntado elCaribe a conocedores del tema.
La respuesta camina en varias direcciones, y una de ellas es que por años los gobiernos de República Dominicana ya han venido apoyando a los cultivadores; a los mismos que ahora están temerosos de que Estados Unidos inunde el mercado con su arroz y los ponga en situación de quiebra y salida de competencia en el mercado.
Ese apoyo ha venido, por ejemplo, a través de la pignoración del arroz, a través del arado de las tierras (para una parte de los productores) y a través del recurso hídrico, con la construcción de canales y obras que están directamente ubicadas en fincas de parceleros y dueños de propiedades, entre otros aportes, que cuando se cuantifican tienen un costo económico elevado. En términos absolutos, entre el año 2013 y el 2019 la pignoración de cuatro rubros (arroz, habichuela, cebolla y ajo) implicó una inversión por parte del Estado de RD$44,130.4 millones. Y a eso hay que añadir otras pignoraciones más recientes.
Para la cosecha de arroz 2021-2022, el Banco de Reservas respaldó a decenas de productores de todo el país con RD$6,000 millones en financiamientos, a una tasa preferencial de 7 %.
Para financiar la cosecha arrocera 2022-2023, el Banreservas ha dispuesto de RD$10,000, con tasa preferencial de 6 %, según informó el 4 de abril de 2022.
Según un corte numérico, esa entidad bancaria a través de su programa de Pignoración de Arroz, destinó RD$56 mil millones, de los cuales había desembolsado RD$46,376 millones, desde el 2012 hasta el 2021.
“Subsidios prácticamente han tenido los productores todos estos años, a través de acciones que realmente cubre el consumidor. Si se habla de subsidios, la palabra correcta es decir que se dará más subsidios”, indicó un experto que prefiere la reserva de su nombre.
Cuando pignora se está evitando que el productor pierda su capital, si lo cosechado o una parte exagerada de esa cosecha sale toda junta o de golpe al comercio, en un mismo momento. A la vez se garantiza con ello que no habrá incrementos de precios no programados en contra del consumidor final.
Esta es la dinámica
Los productos cuando son pignorados se guardan en almacenes de ambiente controlado, cuyo costo (el de guardar) lo cubre en su mayor parte el Gobierno. Y normalmente, hay una fecha para realizar el pago por el citado capítulo.
Si bien siempre será necesario un paquete de ayuda local, y una vía que podría explorarse es la de subsidios, en términos aritméticos Estados Unidos está en capacidad de multiplicar por mucho esos subsidios, porque dispone de una cartera mucho mayor para subvencionar la producción en su territorio. El Estado dominicano no tendría manera de competir “cuerpo a cuerpo” de esa manera. Terminaría “ahogado”.
Significa que con esa salida (de los subsidios), que podría ser la última opción, el Gobierno podría verse explotado (“reventado”, se diría en el lenguaje popular) frente a una nación como la estadounidense, que dispone de mucho dinero, si quisiera ponerlo al servicio de sus cultivadores de arroz para “echar el pleito”.
“Saludamos las palabras del presidente Luis Abinader y nos sentimos distinto a otros meses y otras ocasiones. Nos sentimos respaldados porque vemos voluntad política para buscar una solución en favor del sector arrocero, que es fundamental para este país”, dijo ayer a elCaribe y CDN37 el director y vocero de la Unión Arrocera Dominicana (UAD), Heraldo Suero.
Fue entrevistado en Despierta con CDN y en ese espacio dejó ver la claridad que posee respecto a que “la primera puerta a un posible arreglo bilateral o un entendimiento, al margen de un tratado que ya está firmado, que tiene sus cláusulas y que es un acuerdo beneficioso para el país dominicano en muchos aspectos, es que haya voluntad”.
El dirigente empresarial ha explicado que la lucha no procura destruir el DR-Cafta, y mucho menos modificarlo, sino que se aborde un tema sensible de seguridad alimentaria, que debe ser tratado políticamente, de jefe de Estado a jefe de Estado, o del representante máximo de República Dominicana con su homólogo en Estados Unidos, que ve a República Dominicana como país aliado y que geopolíticamente está situado en una posición relevante para Estados Unidos.
Resaltó que la administración Abinader, desde que tomó posesión le dio apoyo irrestricto a sus políticas. “Este es un país que tiene una situación con Haití al lado y que además tiene que alimentar y lidiar con una situación internacional que todo el mundo conoce. Lo que ha cambiado es que vemos a un presidente tan comprometido, como antes ningún mandatario lo había estado y eso nos da fortaleza y sostenimiento para la consigna que debe traducirse en acciones hasta el final”, apuntó Suero.
El tono del presidente
El arroz es vital para el caso dominicano, no es cualquier producto en la dieta alimenticia. Y por eso, el campo está en tensión.
“Esto es de interés nacional, es la comida que tenemos salvaguardada en el arroz. Es ilógico pensar que alguien va a entregar su soberanía alimentaria en un acuerdo (…). Saludamos y confiamos que lo de ahora sea un plan orquestado de acercamiento político, que se traduzca en una solución definitiva al arroz”, expuso, en referencia a las promesas y compromisos emanados desde el Ejecutivo.
Promesas hechas en cadena nacional cuando el jefe de Estado abordó el tema en su Rendición de Cuentas en la Asamblea Nacional, precisamente el día de la Independencia, el 27 de febrero. A partir de ahí ha elevado el tono siempre que se refiere a la cuestión.
“Que esto esté claro, que vamos a proteger la producción nacional y más en estos momentos cuando cada país tiene que garantizar la seguridad alimentaria”, enfatizó el mandatario.
Luis Abinader ha dicho que desconoce la información de que Estados Unidos no quiere negociar con el país el DR-Cafta, porque esta nación como otros países, están subsidiando a los arroceros.
El mandatario habló así del tema al responder inquietudes de los periodistas que acudieron al acto formal de inicio de los trabajos de construcción del hotel W Punta Cana, en Uvero Alto, que será desarrollado por el Grupo Puntacana, Mac Hotels y Marriott International, integrando 349 habitaciones en una propiedad de lujo solo para adultos y que generará 600 empleos, de acuerdo con datos ofrecidos.
Si el país deja destruir su producción arrocera, además de comprometer la soberanía alimentaria, estaría dejando sin sustento a 32,000 y 80,000 empleados directos e indirectos. Más que cifras, son datos que generan inquietud.
La semilla del problema se plantó en el año 2003
República Dominicana se adhirió en 2003 al proceso de negociación para el establecimiento del tratado de libre comercio entre los cinco países de Centroamérica y EE.UU. Pasó tiempo suficiente para haber producido algún cambio de dirección. Y no se hizo.
Esa primera fase en la que incursionó República Dominicana concluyó a inicios de agosto de 2004, con la suscripción del tratado puesto en vigencia el primero de marzo de 2006 para varios países de la región y un año más tarde para la República Dominicana.
Diversos estudios sobre el tema indican que las pérdidas para los productores dominicanos, a partir de 2025, serían de US$345 millones.
