En Boca de Yuma, provincia La Altagracia, viven varios de los sucesores de Jorge Mota, quienes según documentos habrían recibido del Estado 505 millones 81 mil 440 pesos pagados por el Estado dominicano por una porción de terreno de más de 1 millón 655 mil metros cuadrados dentro del área protegida del Parque Nacional Cotubanamá, pero esos millones solo existen en papeles gracias a la astucia de varios funcionarios que se alzaron con el “santo y la limosna”.
Detrás del escritorio de un funcionario se habría planeado la doble estafa, que el Ministerio Público se encuentra investigando, el Estado es una de la víctima, los otros, son familias que a le fecha deberían ser millonarios, pero su fortuna solo figura en papeles.
Por este y otros casos está en proceso una investigación que señala al exministro de Hacienda, Donald Guerrero como el principal implicado, las expropiaciones y compraventa fue el móvil.
Reporte Especial con Julissa Céspedes conversó con Teófilo Mota, heredero Jorge Mota, a quien evidentemente fue víctima de quienes manejaron esta estafa desde la concepción a su ejecución final.
“Cuando me llamaron para que fuera a buscar dinero al banco que ya habían depositado, fue lo que me dijeron. Pero yo no. Supe. Yo estaba averiguando para negocio porque como se estaba en repartición, pero tampoco no buscaron a ninguno para la repartición ni tampoco para la venta. Ellos hicieron su venta por allá escondido”, explica Teófilo Mota.
Fue entre abril y junio del 2020 que el estado desembolso lo más de 500 millones de pesos por concepto de expropiación bajo la modalidad de Deuda Pública, esto soportado en un Acuerdo Transaccional del 6 de marzo, los firmantes fueron: Rómulo Mota, Juan Tomás Polanco, Ángel Lockward & Asociados, Rediux Consulting, y Bienes Nacionales en la persona del fallecido, Emilio Riva en representación del Estado Dominicano.
Ese pago fue relativo a una porción de terreno de más de 1 millón 655 mil metros cuadrados dentro del área protegida del Parque Nacional Cotubanamá, ubicada dentro de la Parcela No. 10, del distrito catastral 10/1 del municipio de Higüey, correspondiente a una parte de los derechos expropiados a los sucesores de Jorge Mota mediante un decreto del 1975.
“No sé cuál fue el ambiente que uso Juan Polanco Céspedes, Donald Guerrero y Ángel Lockward y el ayudante del el señor Tobías y los que lo acompañaban como hicieron ellos firmaron esos contratos, porque cuando yo estaba en su oficina yo dije que no firmo esos contratos en blanco, y si lo firmaba yo le estaba pasando los bienes a ellos”, Ángel Enrique Ubiera Mota, Bisnieto de Jorge Mota
No todos los sucesores estaban siendo representados por el abogado, Juan Tomás Polanco, incluso algunos se encontraban ajenos a lo que estaba pasando con sus tierras, en el caso de Teófilo Mota, este se enteró cuando le depositaron lo único que hasta la fecha ha recibido y que repartió entre 8 hermanos, es decir, 275 mil pesos a cada uno.
En los tribunales se está ventilando, la legalidad del informe de la Unidad Antifraude que da la alerta de lo que se describe como un entramado corrupto que permeo las expropiaciones y la compraventa de terrenos, pero en este se habla de que hubo herederos que quedaron fuera de la repartición, y los pagos fueron aprobados a pesar de que el terreno se encontraba en 8 Litis judiciales.
Teófilo Mota contrató un abogado para investigar la situación del pago de los terrenos tras recibir un adelanto, según este cuenta el jurista que debía presentarlo se volvió aliado de Juan Tomás Polanco, y cree que fue ahí que pudo darse la falsificación de su firma.
La falsificación de firmas no es un tema nuevo, en este caso, recordemos que en el reporte que presentamos el año pasado en donde entrevistamos a otro de los 100 sucesores de Jorge Mota, estos también denunciaron esta práctica.
El dinero nunca llegaría a los herederos, ya que conforme establece el informe de la Unidad Antifraude de Contraloría, los sucesores de Jorge Mota firmaron 4 contratos de cesión de créditos entre el 9 y el 6 de marzo del 2020: una de ella fue a Rediux Consulting, representada por Álvaro Jiménez Crisóstomo por más de 320 millones de pesos, la segunda fue firmada en favor de Alejandro Constanzo por 69 millones de pesos, y una tercera cesión a la empresa Ángel Locward & Asociados, representada por Ángel Locward Mella por más de 19 millones de pesos, y la última a nombre de Pedro María De La Altagracia Veras por 74 millones.
La cesión de créditos consiste en la transferencia de cuentas pendientes por recuperar. Es decir, renunciar a los derechos de cobro en favor de un tercero. En los referidos actos de cesiones de crédito no quedó claro las causas que originan la obligación de los cedentes con los cedatarios, puesto que solo se hace referencia a una supuesta deuda contraída con los cesionarios, de la cual no se especifica fecha ni monto
Para la mayoría de los Mota, el abogado Juan Polanco Céspedes fue el creador, artífice y patrocinador de los documentos usados como base para liberar esos pagos, dinero que nunca llegó, al menos no completamente, ya que hasta familiares según estos denuncian formaron parte del entramado que los estafo.
De ser cierta, las investigaciones y los documentos, la estafa que cometieron en contra del Estado es un delito que debe perseguirse y castigarse, pero quitarle el pan a una familia tan humilde es un crimen que no se salda ni con la mayor de las penas, la familia Mota nos enseñó su casa, y nosotros se la mostraremos a ustedes.
