SANTO DOMINGO.- El procurador adjunto Wilson Camacho señaló este jueves que los fiscales derrotaron de manera contundente, en la presentación de sus réplicas, los argumentos de las defensas de Juan Alexis Medina Sánchez y los demás acusados en la Operación AntiPulpo, al tiempo que confió en que los procesados serán enviados a juicio.
“En el día de hoy el Ministerio Público finalizó con sus réplicas y en este ejercicio hemos derrotado a fuerza de pruebas los argumentos y planteamientos de la defensa”, dijo el responsable de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
“Hemos demostrado ante el tribunal, con prueba por cada planteamiento, las razones que tiene el Ministerio Público para que este proceso sea elevado a juicio”, añadió.
Al ser abordado por los periodistas a su salida de la audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, el procurador adjunto precisó que serán llevados a juicio los acusados señalados en este caso de corrupción, con excepción de aquellos que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público para acogerse a un procedimiento penal abreviado, le fue solicitada la suspensión condicional del procedimiento o la aplicación de un criterio de oportunidad.
“Los demás acusados, conforme a lo que hemos demostrado en el tribunal, repito, a fuerza de pruebas, deben ser enviados a juicio”, puntualizó Camacho, quien representó al Ministerio Público junto a Mirna Ortiz, coordinadora de Litigación de la Pepca.
El equipo de fiscales de la jornada estuvo completado por José Miguel Marmolejos, Yoneiby González, Ernesto Guzmán Alberto y Elizabeth Paredes.
Respecto a los acuerdos con imputados, el procurador adjunto indicó que se producirán condenas en la medida en la que el juez los acoja.
“En la audiencia preliminar, que es lo que permite el procedimiento penal abreviado, esperamos poder anunciar pronto, cuando esto suceda y entendemos que debe suceder, nuestra primeras condenas en estos casos de corrupción”, resaltó.
Al ser cuestionado sobre los argumentos de las defensas ante la fortaleza de las pruebas presentadas por el órgano de justicia, destacó: “una opinión la puede tener cualquiera. Ahora, lo que cualquiera no puede tener son los hechos”.
Señaló que la presencia del Ministerio Público en el tribunal estaba enfocada en presentar sus réplicas, como lo indica el proceso y no en esgrimir argumentos que no son parte de la actual etapa del proceso.
“No vinimos al tribunal a argumentar, nosotros vinimos al tribunal a responder los planteamientos de las defensa con pruebas que están depositadas en el tribunal y que son pruebas mucho más que suficientes para que este proceso sea enviado a juicio y que en juicio se produzcan las sanciones correspondientes, que evidentemente deben ser sentencias condenatorias ejemplares”, subrayó.
La audiencia de hoy se celebró en la sala del Primer Tribunal Colegiado, ante el juez Deiby Timoteo Peguero del Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, quien continuará el conocimiento del proceso este viernes a las 10:00 de la mañana.
El proceso por corrupción administrativa se sigue contra Juan Alexis Medina Sánchez y Carmen Magalys Medina Sánchez, ex vicepresidenta del Fondo Patrimonial para las Empresas Reformadas (Fonper), ambos hermanos del expresidente Danilo Medina Sánchez, así como de otras 27 personas físicas y 21 compañías que enfrentan cargos por corrupción y lavado de activos.
También, están involucrados el expresidente del Fonper Fernando Rosa; el exministro de Salud Pública Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez; José Dolores Santana Carmona y Wacal Bernabé Méndez Pineda, así como Francisco Pagán Rodríguez, ex director general de la otrora Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), y el exfiscalizador de esa institución Aquiles Alejandro Christopher Sánchez.
La acusación del caso presentada por la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público también incluye a Julián Esteban Suriel Suazo, al ex contralor general Rafael Antonio Germosén Andújar y a Domingo Antonio Santiago Muñoz.
Asimismo, están involucrados Carlos Martín Montes de Oca Vásquez y Paola Mercedes Molina Suazo.
Los imputados Julián Esteban Suriel Suazo, Francisco Pagán Rodríguez, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago admitieron su culpabilidad y se acogieron a un procedimiento penal abreviado.
Los acusados Julián Esteban Suriel Suazo, Francisco Pagán Rodríguez, Lewin Ariel Castillo y Domingo Antonio Santiago admitieron los hechos. Los dos primeros se acogieron a un procedimiento penal abreviado.
Lewin Ariel Castillo se acogió a una suspensión condicional del procedimiento y para Domingo Antonio Santiago fue solicitado la aplicación de un criterio de oportunidad.
El órgano de la persecución penal presentó cargos, además, contra las personas jurídicas General Supply Corporation S.R.L., Domedical Supply S.R.L., Fuel América Inc. Dominicana S.R.L., y Globus Electrical S.R.L., entre otras.
De Juan Alexis Medina Sánchez, principal acusado, el expediente establece que creó un entramado societario y, utilizando tráfico de influencias, al ser hermano del expresidente de la República Danilo Medina Sánchez (periodos constitucionales 2012-2016, 2016-2020), realizó un conjunto de maniobras fraudulentas, en asociación con funcionarios.
Señala que se hizo adjudicar a su nombre, así como a terceros, obras, bienes y servicios del Estado, operando como criminalidad organizada.
Los tipos penales en que incurrieron los procesados incluyen la asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, complicidad para desfalco, soborno activo y pasivo y uso de documentos falsos, así como financiamiento ilícito de campañas políticas, tráfico de influencia y lavado de activos.
También, coalición de funcionarios, concusión, tráfico de influencia y falsedad en escritura pública, así como falseamiento y omisión en la declaración jurada, enriquecimiento ilícito, prevaricación, uso de prestanombres y testaferrato.
En el transcurso del proceso cuatro imputados de este caso realizaron acuerdos con el Ministerio Público, lo cual permitirá al Estado recuperar más de 200 millones de pesos en bienes.
