El canciller Roberto Álvarez participará este miércoles 21 de diciembre en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en la que se valorará extender la permanencia de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) en el vecino país.
La resolución en la que se plantea esa extensión también ordena que el órgano se reúna cada 90 días para actualizar la situación que se vive en ese país, informó este lunes la Cancillería en un comunicado.
Álvarez, como ya ha expresado en reuniones anteriors del organismo volverá a plantear el apoyo de República Dominicana a la propuesta por el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre la necesidad de movilizar una fuerza robusta en Haití capaz de poner fin a la violencia desatada por las bandas armadas, infiltradas por el poder político y económico.
Se espera que el canciller llame la atención ante la grave situación humanitaria y de inseguridad que se vive en Haití y que mantiene a gran parte de la población encerrada en sus hogares sin poder acceder a servicios básicos como salud, alimentación y educación.
Durante su participación en la reunión pautada para este miércoles 21 de diciembre, el ministro Álvarez estará acompañado del embajador, representante permanente de República Dominicana ante la ONU, José Blanco.
El pasado mes de octubre, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, solicitaó una fuerza armada internacional para con tribuir a luchar contra las bandas que controlan partes de la capital.
Más del 60 % de la región de Puerto Príncipe es rehén de bandas armadas que matan, secuestran, roban y violan impunemente, mientras las autoridades estatales se muestran totalmente impotentes ante unos grupos muy poderosos y bien armados.
Hasta ahora, Estados Unidos y Canadá han encabezado las conversaciones para poner en marcha esta fuerza internacional, pero hasta el momento ninguno de los dos ha tomado la determinación de liderarla.
Además, hay dudas sobre cómo serían recibidas las tropas internacionales en Haití, un país que ha sido víctima de varias intervenciones extranjeras y a donde los “cascos azules” de la ONU desplegados entre 2004 y 2017 propagaron el cólera y desencadenaron una epidemia que mató a unas 10.000 personas.
