La fiscal Yeni Berenice Reynoso calificó este lunes como burlesca e irracional la petición del exprocurador Jean Alain Rodríguez, imputado en el caso Medusa, de que se le dé un año para estudiar el expediente acusatorio.
«Es absurdo, irracional y burlesco,» le dijo a Reynoso al juez Amauri Martínez, quien conoce la audiencia preliminar de este proceso.
Decir que la petición es una burla, generó un roce verbal entre la fiscal y el abogado Carlos Balcácer, de la defensa de Jean Alain, que tuvo que ser frenado por el juez Martínez.
Balcácer objetó el discurso de la fiscal. Ambos alzaron la voz y para mantener el orden, el magistrado tocó su mazo varias veces, les advirtió que es él quien dirige la audiencia y que la misma es solenme.
Pasado esto, Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público, indicó que el exprocurador busca torpedear el proceso para que no se conozca.
«El único plazo razonable de Jean Alain es la impunidad», expuso.
Explicó que Jean Alain ha tenido a sus disposición desde hace seis meses una laptop para poder estudiar el expediente de 12 mil páginas y las tres mil pruebas.
En ese sentido, dijo que esta petición viola el derecho que tienen los demás imputados en este caso y que no hay que darle un trato especial al exprocurador.
Por otro lado, sobre la solicitud de las demás defensas de que se dé un tiempo razonable para que se conozca el expediente, Reynoso dijo que no se van a oponer, pero que el plazo debe ser de un mes.
En cuanto a la petición de Jean Alain de que se les entregue las miles pruebas de manera física, la fiscal indicó que no procede pues se gastaría los recursos limitados del Ministerio Público para esto.
La defensa del imputado dijo que las pruebas están contenidas en 600 mil archivos, que fueron notificados de manera virtual.
Las peticiones de los imputados, a los que la fiscal Reynoso se refirió, se presentaron este lunes al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, apoderado para decidir si el caso pasa o no a juicio de fondo.
En este proceso judicial hay 41 personas (incluyendo exfuncionarios) y 22 empresas que están acusadas de prevaricación, sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología, lavado de activos, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
