Por: Tania Molina
La apuesta del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) para facilitar la movilidad en la ciudad de Santo Domingo mediante el proyecto Parquéate Bien tiene más de un aspecto que empañan su transparencia y legalidad.
Iniciar una fase pilota sin contar con una aprobación del Concejo de Regidores del Distrito Nacional, la supuesta extrapolación de funciones de parte del promotor de la iniciativa y director del Intrant, Hugo Beras, y la selección de una empresa para servicios de remolque y parqueos de vehículos retenidos, sin que se conozca la modalidad de su participación, llevan a algunos regidores a calificar de ilegal el proyecto.
A los cuestionamientos se suma el tipo de vínculo que pudiera tener dicha empresa y la persona que figura como su titular con el exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado del caso de corrupción administrativa conocido como Medusa.
Se trata de la Asociación de Gestores de Estacionamiento y Movilidad (Agemov) una entidad registrada por el empresario Fernando Queipo Blanco y que, desde agosto de 2020, mantiene un acuerdo, no especificado, con la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).
Esta asociación, o la que continúe después del piloto, recibiría los 1,600 pesos que el Intrant estima cobrar por remolque y parqueo a cada persona que no cumpla con el mandato de parquearse bien en la ciudad.
«Esa gente (de Agemov) está colaborando porque, lo que esas empresas necesitan es que se les fomente a los ciudadanos el uso de parqueos privados. Ellos entienden que haciendo esto, ellos pueden generar negocio en el futuro, pero no negocio con nosotros, negocios con los ciudadanos.» Dary Terrero, Director de Comunicaciones del Intrant.
La fase pilota de Parquéate Bien inició el pasado 26 de septiembre en unas 13 calles del Distrito Nacional. Durante el acto de inicio, el director del Intrant advirtió que, en esa primera etapa, la gente estaba llamada a pagar solamente la multa, que es de 1,000 pesos, pero que, luego del plan piloto, el ciudadano tendrá que pagar también el costo de la grúa de remolque y del parqueo.
El pasado 5 de octubre, la entidad anunció que esta fase del plan se extendía a todas las calles del Ensanche Naco, al tiempo que destacaba la efectividad del piloto, durante el cual se han fiscalizado unos 212 conductores y se hicieron 194 devoluciones de vehículos tras cumplir con la sanción establecida.
Los vehículos retenidos son llevados a Tempo Parking Lot, ubicado en la avenida Tiradentes, en Naco.
Jean Alain y su socia
Tempo Parking Lot es promocionado como el parqueo de Multipark.do, una empresa que en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (Onapi) se registra como Multipark y tiene fecha de incorporación en noviembre de 2010. En el registro figura Fernando Queipo Blanco como titular y Jean Alain Rodríguez como gestor.
Queipo Blanco también figura como titular de Agemov, incorporada en Onapi el 14 de junio de 2020, cuatro meses antes del acuerdo al que arribó con el ADN. Como gestor para este registro fungió Zuedi Natalya Franjul Soto, una de las personas mencionadas en el expediente del caso Medusa como socia de Jean Alain Rodríguez en varias empresas.
“…Zeudi Natalya Franjul Soto e Hirlene Annerys Sánchez Carrasco habían cedido sus cuotas sociales, permanecieron recibiendo poderes, autorizaciones y haciendo otras gestiones para la empresa, porque su calidad de empleadas del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez sirvió para ocultarlo como propietario y beneficiario final de todas estas operaciones multimillonarias”, dice el expediente en una de sus más de 12,000 páginas.
El nombre de Queipo Blanco también figura en el expediente como una de las personas que hizo transferencias de dinero en dólar a las cuentas de la empresa Jurinvest Abogados, cuya propiedad se atribuye al exprocurador y en la que Franjul Soto sería una de las abogadas.
Las condiciones en que Agemov está ofreciendo el servicio de parqueo y remolque en Parquéate Bien no es público. Diario Libre intentó comunicarse con la empresa al número de teléfono que publica en su página, mismo que tiene Multipark.do en sus redes sociales, pero nunca contestaron.
En octubre de 2020 esta asociación informó en su cuenta de Twitter sobre un acuerdo que arribó con el ADN, bajo la rúbrica de la alcaldesa Carolina Mejía y Queipo Blanco.
La publicación indica que, gracias a ese convenio, la zona central del Distrito Nacional tendría “múltiples beneficios en base a la operación de estacionamientos públicos, comerciales y privados con la finalidad de desarrollar e implementar regulaciones que mejoren la movilidad en esa zona como plan inicial”.
Público-privado
El perfil de la organización que se publica en su página web, dice, bajo el título de plan público–privado de estacionamientos, que Agemov promueve las buenas prácticas de operación de estacionamientos comerciales, públicos y privados en la República Dominicana. “Trabajamos como gremio con los gobiernos municipales y otras autoridades correspondientes para desarrollar, implementar y enforzar regulaciones que mejoren la movilidad en las ciudades de nuestro país”. También se compromete a “crear planes y propuestas que contribuyan con las políticas públicas relativas al ordenamiento del tránsito, el descongestionamiento de las vías públicas, la reducción de los costos de movilización urbana y el desarrollo de los estacionamientos públicos y privados, mediante la implementación de centros de movilidad y parqueos inteligentes, entre otras estrategias innovadoras que contribuyan al objeto del presente acuerdo de colaboración”.
Agemov también acompañó al ADN durante sus procesos de cambio de sentido de vías que se implementaron en 2021, bajo la dirección de Hugo Beras, entonces secretario general de la Alcandía del Distrito Nacional.
DL solicitó al cabildo entregar una copia del acuerdo firmado, pero cinco días después no lo entregaron y, desde la Dirección de Comunicaciones se informó que algunos documentos se deben solicitar por la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública.
El acuerdo es desconocido incluso para algunos concejales. La regidora del Distrito por el partido Fuerza del Pueblo, Nerys Martínez, entiende que lo que se hace con la empresa en el proyecto Parquéate Bien es ilegal porque no ha pasado por el concejo de regidores.
“El Intrant no tiene facultad para contratar directamente ese servicio, tiene que ser la alcaldía con la empresa y bajo licitación y ese contrato ser ratificado con resolución el concejo de regidores, y eso no ha pasado”, asegura.
Se queja de que, ni siquiera se les ha presentado una propuesta al concejo de lo que se hará en Parquéate Bien, “proceso en el que no ha habido un contrato que haya ido a la Sala Capitular del ayuntamiento ni siquiera para validar, absolutamente nada, no tenemos idea qué es eso, porque él (Hugo Beras) ni siquiera se ha dignado en presentarlo”, insiste Martínez.
Colaboración para hacer negocio
Desde el Intrant, su vocero Dary Terrero, explica que no existe un contrato con Agemov y que su participación es solo una colaboración con el plan piloto. Asegura que luego harán una licitación como lo establece la ley, para elegir a la empresa que vaya a dar el servicio de remolque y parqueo.
“No hemos contratado a nadie. Lo que se ha hecho es que un grupo de personas, propietarias de grúas, la pusieron a disposición por el plan piloto, esas grúas.”
Añade que para la ejecución de Parquéate Bien se tiene que hacer un llamado a licitación pública, para que participe todo el que tiene esos servicios de grúa y parqueo, “pero no hay un contrato, no hay una contratación”.
La contratación deberá hacerla el Ayuntamiento o la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dado que el Intrant solo es el órgano fiscalizador, adelanta.
“Esa gente (de Agemov) está colaborando porque, lo que esas empresas necesitan es que se les fomente a los ciudadanos el uso de parqueos privados. Ellos entienden que haciendo ésto, ellos pueden generar negocio en el futuro, pero no negocio con nosotros, negocios con los ciudadanos”, aclara.
Terrero recordó que, aunque se tiene planificado hacer un cobro de 1,600 pesos por los referidos servicios, a la fecha no se le ha cobrado a nadie, puesto que eso entraría en la otra etapa.
Extrapolación de funciones, según la regidora
Dary Terrero acude al artículo 242 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana para defender las acciones que emprende la gestión de Hugo Beras desde el Intrant.
Dicho artículo plantea que “los vehículos estacionados en violación con lo dispuesto en esta ley estarán sujetos a ser removidos por un agente de la Digesett”.
La concejala Martínez insiste en que, desde el Intrant no se puede disponer la contratación de empresas o la imposición de cobros a ciudadanos porque las acciones que afectan al espacio público son del ámbito de las alcaldías.
También acude a la Ley 63-17 para recordar que las rutas urbanas se manejan en conjunto con el ayuntamiento y que en las interurbanas es donde el Intrant toma las decisiones.
“Aquí estamos hablando de territorios urbanos, cuya regulación pertenece al ADN, y la ley del Intrant, en 126 artículos, estable la vinculación del Intrant y el ADN”.
Señala además que, aunque el cabildo tiene facultad para contratar de forma particular, en los casos que se involucra a los ciudadanos, todo tiene que ir a la sala capitular, pues se impacta el patrimonio civil del ayuntamiento.
Pone de ejemplo que, si un vehículo sufre daños mientras es remolcado o cuando está en el parqueo privado por fiscalización, el ayuntamiento es responsable civil por los daños, pero solo se puede comprometer si ha sido conocido dicho contrato por el Concejo.
Fuente: Diario Libre
