Los tratantes obtenían el 50% en ganancias de las actividades sexuales realizadas por las víctimas
Santo Domingo.- El Ministerio Público solicitó a la oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional fijar audiencia para conocerle medida de coerción a 15 supuestos miembros de la presunta red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual, desarticulada la pasada semana mediante la Operación Cattleya, para quienes solicita prisión preventiva.
En esta operación las autoridades rescataron a 80 jóvenes, en su mayoría colombianas y venezolanas, en hoteles de la capital y en Bávaro, La Altagracia.
Los imputados son los siguientes:
De acuerdo al expediente el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional, mediante informe policial, notificó en fecha 12 de diciembre, año 2021 al Ministerio Público, de hechos delictivos relacionados al tipo penal de Trata de Personas.
Se estableció que en el Residencial Coco Real de Bávaro, el imputado José Miguel Michel Guridis (a) Michel, se dedica ala trata de personas, específicamente jóvenes de nacionalidad colombiana y venezolana, las cuales son traídas de sus países de origen por el susodicho en complicidad con el imputado Richard Renne Rivera Portillo (a) Richard, de nacionalidad venezolana, cobrándoles entre tres mil a cuatro mil dólares americanos, por la gestión de traerlas a la República Dominicana, obteniendo ganancias por las actividades sexuales que estas son obligadas a sostener con los clientes.
El costo de lo estos servicios, de acuerdo al tiempo oscilaba entre 300 a 2000
dólares, de los cuales los tratantes se quedan con el 50% de lo obtenido por las actividades sexuales.
El documento indica que “Michel” mantenía las mujeres bajo su dominio en coordinación con Daniel Enrique Irinio, quien es identificado en el expediente como uno de los lideres de la red.
Alejandro Arturo Batista alias El Gato era el encargado de transportar a las víctimas a sus lugares de encuentro para materializar la explotación sexual.
Cristina Virginia Gonzales en coordinación con los anteriores citados se desempeñaba como promotora de las mujeres, se encargaba de agendar las citas y establecer los tarifarios de los servicios sexuales ofrecidos.
Richard Renné Rivera se desempeñaba como custodio de las víctimas. Junto a este trabajaba Yeibel Yeremi Herrera, alias “El Gordo”, encargado de distribuir las drogas y suministrar las drogas que debían consumir las víctimas.
Diana Ovallos o Karianger, es una de las tratantes vinculada al Residencial Coco Real. Se encargaba además de promocionar las chicas y ofrecer informaciones vía WhatsApp de los servicios ofrecidos.
Nathalia, mantenía contacto y control de las victimas desde su llegada a República Dominicana. Encargada de acoger a las víctimas e ingresarlas en Hotel Caribe. El dinero que cobraban las victimas debían entregárselo a Nathalia indica el Ministerio Público.
Robert Lee era presentador, promotor y transportista de la victimas acogidas en el Hotel Caribe. Pablo y Angie junto a Nathalia coordinaban las salidas de las víctimas.
María Paula Murillo era quien captaba mediante engaños a las jovenes enytre 18 y 2o años en Colombia, a quienes ofrecia trabajo como vendedoras en República Dominicana, luego hacia contacto con su pareja sentimental José Alberto Soriano alias El Pelotero, quien gestionaba el traslado.
Melvin José Valentín también figura en el expediente como promotor de las victimas y Wilcene Oscar es quien rentaba las habitaciones en el Hotel Oscar Inn, ubicado en Gascue del Distrito Nacional, junto a Marie Nephtalie Louis quien fungía como la administradora del local.
Angelica Jhoana es la tratante del Hotel Navarro, mientras el imputado Carlos Jhonatan fungía como promotor, transportista y presentador de las víctimas del Oscar Inn y el Hotel Caribe.
En tanto Braulio Manuel Lugo fue sorprendido en medio de la operación con sustancias ilícitas bajo su control.
De acuerdo al Ministerio Público estos imputados han colaborado a la explotación de 80 mujeres extranjeras “bajo engaño, amenaza y coacción”.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilicito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), además solicitó que el caso sea declarado complejo.
