SANTO DOMINGO.- La victimas de trata de personas, colombianas y venezolanas, no podían negarse a realizar las actividades sexuales, debido a que eran amenazadas con ser denunciadas en Migración para ser deportadas, y de hacerle daño a su familiares en sus respectivos países de origen, según la solicitud de medida de coerción que dio a conocer el Ministerio Público.
Además, las mujeres eran vigiladas constantemente por miembros de la red y no se le disponía tener tiempo libre, teniendo que estar disponible cada vez que un promotor la requería para un cliente.
Dice que el cobro del servicio sexual oscilaban entre5,000 a 7,000 pesos, y 100 a 150 dólares cuando las actividades la materializaban en Bávaro Punta Cana, dinero que recibían los tratantes de manos de los clientes y de las cuales las víctimas no recibían ningún beneficio, bajo el alegato de que este dinero servía para ir cubriendo la deuda, que realmente solo aumentaba y era interminable para la mayoría de las víctimas, pues le sumaban constantemente un valor por costo de hospedaje y alimentación diario de las mismas.
Agrega que la organización de crimen organizado transnacional aprovechó que la República Dominicana es ofertada internacionalmente como un paraíso sexual, y las facilidades que trae consigo el desarrollo turístico, para realizaractividades criminales propias de la trata de personas, según la solicitud de medida de coerción.
«Desde el mes de diciembre, año 2021, y hasta la fecha, ha realizado actividades criminales propias de la trata de personas bajo la modalidad de explotación sexual, llevando a cabo el transporte, traslado, acogida y receptación de mujeres de nacionalidades colombianas y venezolanas, que previamente captaron desde sus países de origen y cuyo traslado facilitaron a la República Dominicana, recurriendo al fraude, el engaño y abuso de las condiciones de vulnerabilidad con el único propósito de explotarlas sexualmente».
Agrega que la estructura utilizó este país como base operativa para sus actos ilícitos, trayendo o facilitando el traslado a la República Dominicana de víctimas provenientes de Venezuela y Colombianas utilizando diferentes aeropuertos, donde eran recibidas por los integrantes de esta estructura criminal, quienes posteriormente se encargaban de transportarlas y trasladarlas a los lugares donde les daban acogida y receptaban.
La organización criminal, cita el MP en dicho documento, utilizó el engaño como estrategia para lograr la captación de mujeres venezolanas y colombianas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en estado de necesidad y pobreza.
Dice que les ofrecían venir a la República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de Bávaro, Punta Cana, en la provincia La Altagracia, bajo la promesa de recibir altos ingresos económicos, logrando así captar el interés de las víctimas.
A las víctimas de esta organización criminal al llegar al país se les informaba que la deuda contraída con ellos oscilaba entre tres mil a cuatro mil dólares estadounidenses (US$3,000.00-US$4,000.00), por concepto de los trámites de viajes.
“Les forzaban a saldar esta deuda con su trabajo sexual bajo las amenazas de que, de no cumplirlo, serían denunciadas en migración, arrestadas y deportadas a su país; utilizando además como método de coacción el terror psicológico, al amenazarlas con hacer daño a sus familiares en sus respectivos países de origen, cuyas direcciones eran conocidas por la red criminal”, indica el órgano acusador.
Imputados
Como cabeza principal está alias Michel, Daniel y Cirujano, son imputados en el caso, Oscar Wicene, Melvin Valentía Peguero, Cristina González Hernández, María Murillo Vargas, Louis Nephtalie, Oliver Arnaud Lewinsk, Robert Lee Paniagua Díaz, Angélica Quintero, Marie Fokina Achille.
También Alejandro Arturo Batista Bustamante (a) El Gato, Ramón Altagracia Oviedo Castillo y Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz.
